El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Mérida, Williams Dávila Barrios, denunció durante la sesión ordinaria de este martes que la capital andina se encuentra conmocionada tras la muerte de Wildermar Paredes Moreno, joven de 32 años, quien resultó asesinado por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la entidad, tras un cruce de palabra que se suscitó a propósito del equipamiento de combustible.
Con el acta policial en mano, el parlamentario recordó que los cuerpos de seguridad en el estado que representa se encuentran bajo la potestad del Ministerio de Interior Justicia y Paz, es decir, “bajo el mando de la usurpación”.
A propósito de la crisis producto de la escasez de gasolina que afecta a varias entidades del interior del país, Dávila condenó que semanalmente se pierdan más de 160 toneladas de entre hortalizas y verduras debido a que los productores no tienen forma de distribuirlas por las vías regulares. “Eso que ocurre en los Llanitos de Tabay es producto de las más de 100 bombas de gasolina cerradas en las zona del Páramo”, recalcó.
Ante el caos generalizado en la región, el dirigente político y militante de Acción Democrática solicitó a la Comisión de Política Interior que se inicie una profunda investigación y se lleve a los organismos internacionales garantes de derechos humanos para que quienes usurpan el poder en Venezuela paguen por las consecuencias que hoy viven el pueblo de Mérida y de Venezuela por falta de combustible.
En el país que ingresaron más de 1 millón de millón de dólares y que produjo más de tres millones de barriles de petróleo diarios, hoy se está desgarrando por culpa de la usurpación. Acaban el tejido social de convivencia del pueblo de Venezuela, los condenan a seis y siete días cola para hacer gasolina y les cobran en divisas 20 y 30 dólares por surtir sus vehículos, un negocio a cargo de la Guardia Nacional, y funcionarios de la usurpación”, enfatizó.