Venezuela es miembro de la OIT desde 1919. Este mes cumple 100 años como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero no todo es celebración. En la actualidad nuestro país es objeto de una investigación por violar de manera reiterada buena parte de los convenios establecidos entre ellos la fijación del salario mínimo hasta la libertad sindical. En el pasado había ratificado 54 convenios.
El parlamentario Rafael Veloz al respecto dijo “estos primeros 100 años que deberían ser de avance en el sector laboral ha sido todo lo contrario, un enorme retroceso para todos los trabajadores del país. La decadencia laboral ha impactado a todos los sectores del país, especialmente el económico, sin dejar de lado el público. Los trabajadores no se sienten motivados, la meritocracia fue eliminada por el régimen usurpador, incrementándose en los últimos años. No se sienten representados por los sindicatos que en su mayoría han sido penetrados por el oficialismo, dividiéndolos, enfrentando a sus dirigentes y a los mismos trabajadores”.
“Las denuncias hechas ante la organización internacional por sindicalistas y patronos no fueron desatendidas por el régimen por lo que en marzo 2018 el Consejo de Administración de la OIT aprobó la creación de una comisión de encuesta, el número 12 desde 1919 tomando en consideración el Tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial. Esta medida fue rechazada por Maduro quién ha impedido la visita de las delegaciones de la OIT a fin de constatar la situación de los trabajadores nacionales”.
Los convenios violados es el 26 (Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos de 1928), el 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización de 1948) y el 144 (Convenio sobre la consulta tripartita de 1976).
“En estos momentos hay trabajadores y líderes sindicales hostigados, perseguidos, violados sus Derechos Humanos Laborales, encarcelados por reclamar sus derechos laborales y constitucionales y disentir del actual sistema político caracterizado por la pillería, la corrupción, la sumisión especialmente en el sector laboral que les permita continuar en sus puestos de trabajo. Tomando en cuenta la situación laboral principalmente en el sector público el 7 de mayo fue aprobada la Ley de Garantías para funcionarios y trabajadores del sector público y sectores sociales que participen en el restablecimiento de la democracia. El fundamento de esta Ley está soportado en la garantía la protección del ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos y Derechos Humanos Laborales de todos los trabajadores. Su vigencia es durante el tiempo que dure las fases de la transición, previstas en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República de Venezuela”.
El derecho a la huelga y la negociación de contratos colectivos han sido contemplados por la mencionada Ley en la Disposición Derogatoria Única que señala “Queda derogada la prohibición del ejercicio del derecho a la huelga y protesta, en las zonas se seguridad constituidas en lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reformas de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (GOEX No. 6.156 de 19 noviembre 2014), promulgada violando los derechos constitucionales a protestar públicamente en las áreas que circundan a las instituciones públicas del Estado y, en consecuencia, no podrán aplicarse sanciones a los funcionarios públicos y trabajadores formales del sector público que ejerzan el derecho a la huelga y a las protestas en estas zonas, por ser un derecho constitucional y que se encuentra establecido en los Tratados de la organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
“Venezuela enfrenta una gran crisis en todos los sectores y uno de los más afectados es el laboral. Por lo que pedimos que, igual que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet finalmente nos visitara a partir de este 19 para constatar las denuncias que en materia de violación de Derechos Humanos hemos elevado a organismos internacionales, una Misión de la OIT nos visite pronto y compruebe que las denuncias relacionadas al atropello continuado y sistemático de los Derechos Humanos Laborales son ciertas”.
Veloz dijo que en lo inmediato están abocados a atender las denuncias a través de una Comisión designada por la Asamblea Nacional responsable de la recepción, sustanciación y decisión de los casos denunciados por los trabajadores que fueron víctimas de actos de retaliación política, intimidación, descalificación, amenazas, ataques, detenciones arbitrarias o cualquier otro acto discriminatorio. “Fue creada la planilla solicitud de amparo basada en la Ley de Garantías que el denunciante llenará y acompañará con los recaudos solicitados por ella y será consignada en la PB del edificio administrativo de la AN en Pajaritos, en el stand Atención al Ciudadano. Mientras, estamos informando a todos los trabajadores sobre la Ley a través de los Colegios Profesionales, Gremios, sindicatos, en Asambleas de vecinos a todo lo largo y ancho del país. Beneficia a todos los trabajadores sin excepción y la haremos cumplir cuando cese la usurpación y el gobierno de transición inicie la labor de reconstrucción del país”.
Nota de prensa