Miembros del equipo ambiental de la Mesa Social de Caracas, presentaron al país un informe con las conclusiones de un análisis sobre los efectos del Arco Minero en los estados Bolívar y Amazonas. El Director del programa ambiental de este movimiento social, abogado Javier Simancas, advirtió que “las alarmas están encendidas ante el criminal deterioro ambiental” en estos estados, “producto de la proliferación de la minería ilegal sin ningún tipo de control por parte del Estado venezolano”.
Explicó que aunque la Ley que enmarca el Arco Minero en su artículo 1 hace referencia a que su objetivo está basado en el criterio de la defensa de la soberanía, la protección y respeto a los pueblos indígenas y la sustentabilidad, esto no se cumple en lo absoluto. “Nuestra soberanía está gravemente perjudicada y comprometida porque en los territorios que abarca el Arco MInero están operando grupos armados que se han hecho del control y del poder de explotar las minas sin que nadie haga nada con respecto a esto”.
Señaló que pudieron constatar que en las minas establecidas, existen personas que se encuentran bajo la modalidad de trabajo forzoso, “llegando a extremo de tener esclavizados a los indígenas de las zonas aledañas a los centros de explotación de minerales” destacando además que “proliferan gran cantidad de empresas mixtas que no reúnen las condiciones necesarias para operar, siendo su único esquema de funcionamiento la afinidad política e ideológica con Nicolás Maduro y quienes lo acompañan”.
Simancas precisó que a su juicio, la creación en 2016 de la Compañía Anónima Militar, encargada de explotar minas, gas y petróleo es una “aberración” que impide que las Fuerzas Armadas realicen su principal función como es la defensa del territorio ¿Qué saben los militares de explotación, mientras dejan de lado las operaciones tácticas necesarias pasar sacar del territorio a los mineros ilegales y grupos armados?”.
Subrayó que otro elemento que se suma a la lista de arbitrariedades tiene que ver con que los más de diez pueblos indígenas existentes en la región nunca fueron consultados sobre los contratos firmados para la explotación de las minas, con lo que se incumplió con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y el artículo 54 de la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas además del artículo 120 de la Constitución. “Si no se le pone coto a esta situación, irremediablemente en los estados Bolívar y Amazonas con esta actividad perversa y depredadora del ambiente, se va a perder la cultura de nuestras etnias porque sencillamente van a desaparecer los pueblos indígenas”.
Por su parte, el coordinador general de la Mesa Social de Caracas, Benito Urrea, anunció que se encuentran trabajando en una reforma de la Ley de minas que será llevada a la Asamblea Nacional. “Hemos iniciado una cruzada con el propósito de que este tema sea parte de un debate nacional que logre detener el genocidio ambiental que se está cometiendo al sur de Venezuela”.
El documento presentado por la Mesa Social de Caracas contiene datos relacionados a tres aspectos fundamentales de acuerdo al estudio hecho por sus integrantes: la soberanía nacional, “gravemente violada”, la situación de la población indígena “que está a punto de desaparecer” y como tercer punto, los graves daños ambientales que han aumentado exponencialmente en nuestra frontera con Brasil, de acuerdo a lo señalado por Benito Urrea.
NP.