El informe del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados
venezolanos en la región señala -entre otros datos- que la mayoría de los connacionales se encuentran en Colombia (1.3 millones), le siguen Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000), producto de la migración.
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Por ello, el Grupo de Trabajo considera que a los venezolanos se les debe otorgar el estatus de refugiado a nivel regional, según la Declaración de Cartagena que establece que un refugiado también es aquella persona que huye de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. Muchas de estas razones, consideramos, aplican formalmente para la crisis actual en Venezuela.
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