El hacinamiento, el hambre y las enfermedades se convirtieron en las plagas que azotan a las personas que se encuentran detenidas en los calabozos de las policías municipales, regionales, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Publica el diario El Universal que la evidencia de esta situación es la muerte de al menos 138 personas en hechos violentos ocurridos en estas cárceles en los últimos tres años.
Cifras indefinidas
Una de las consecuencias de la falta de información oficial sobre la realidad venezolana es que nadie conoce a ciencia cierta las cifras de nada.
¿Cuántos presos hay? Nadie lo sabe -señala Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)- quien recordó que en una entrevista televisiva al ministro Néstor Reverol, se le coló una diapositiva que establecía la población en los centros de detención preventiva en 342.642 personas.
Acotó que en otra entrevista, una alta funcionaria del Ministerio de Servicio Penitenciario, le criticó la cifra antes mencionada, “me dijo que era mucho menor, unos 20 mil detenidos”, acotó.
El informe correspondiente al año 2018 de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), también dedicada al seguimiento del tema de los derechos de los presos venezolanos. El informe realizado en base al monitoreo de 174 Centros de Detención Preventiva ubicados en 15 estados del país determinaba que unas 16 mil 719 personas se encontraban detenidas en esos calabozos y establecía en 314% la cifra de hacinamiento o de sobrepoblación de detenidos.
“El problema es que hay una gran cantidad de cárceles no monitoreadas, creemos que hay más de 500 minicárceles distribuidas en todo el país, entre policías municipales, estadales, nacionales y la guardia nacional, son miles de personas que están sufriendo las consecuencias de la improvisación que se ha ensañado contra el sistema penitenciario venezolano desde que el Ministerio del Servicio Penitenciario creó el embudo que impide remitir a las cárceles a todos los detenidos tal como lo establecen las leyes” acotó Carlos Nieto, coordinador de UVL.
Una bomba de tiempo
Los activistas consideran como una bomba de tiempo la situación que se vive en los centros de detención.
“La violencia salió de las cárceles, en los últimos años hemos visto como las grandes masacres carcelarias se han cometido en estos centros. El año 2017, 39 reclusos fueron asesinados en el Centro de Detención Judicial de Amazonas. En 2018 en la sede de Policía del estado Carabobo, murieron en un incendio 69 personas, 67 reclusos y dos visitantes. Este año 30 detenidos murieron en un motín escenificado en Acarigua, vemos como la violencia se ha multiplicado en estos centros.
Abandono a la vista de todos
Aún cuando la violencia es la causa más notoria de muertes en las cárceles venezolanas, la mayor cantidad de decesos ocurrir como consecuencia de la falta de tratamiento de enfermedades como tuberculosis, VIH, neumonía, hepatitis, diarreas y desnutrición.
Al respecto el informe del año 2018 de UVL señala que 117 reclusos murieron de tuberculosis en 2018, 17 murieron por desnutrición, indicó Carlos Nieto.
El hambre hace estragos en las cárceles, “los familiares deben llevar diariamente la comida a los detenidos. Algunos reciben al menos un plato de comida al día. Quienes no tienen esa suerte, sobreviven gracias a lo que les dejan sus compañeros de celda.
Quienes peor la pasan son los llamados “fritos”, esos presos que están excluidos por sus compañeros por “comerse la flecha” o por los delitos que cometieron, ellos terminan en muchos casos muriendo de hambre o de enfermedades, son los presos que a nadie le importan”, señaló Prado.