Chile con su alto y sostenido crecimiento económico, al igual que con su elevado grado de desarrollo humano, es un modelo a seguir. Por ejemplo, su política de subsidio directo a la demanda de viviendas, es una excelente propuesta que hay que replicar en nuestro país, para favorecer a los más pobres, al igual que su política de ahorro de los ingresos por venta de cobre en la época de vacas gordas y de gasto público en tiempos de baja de los precios. Podríamos agregar numerosos otros casos del país austral que debemos estudiar y aplicar en el país, con sus debidas adaptaciones a nuestro medio. Sin embargo, hay que tener cuidado con algunas cuestiones que no debemos replicar en Venezuela, por haber sido problemáticas en la Patria de O´Higgins. Una de ellas es el tema del “viviendismo” o la construcción de miles de viviendas en urbanismos abigarrados, sin espacios públicos y en unidades habitacionales pequeñas, muchas veces apareadas, con poca vista que terminan siendo una especie de ghetto que promueve la claustrofobia y la sensación de reclusión. Aunque Chile ya reparó en el error, fueron cientos de miles las viviendas construidas en estas urbanizaciones, por lo que se hace la advertencia para que no transitemos en Venezuela por esa vía.
Otro aspecto que debemos evitar es el modelo forestal industrial de monocultivos de plantaciones; en efecto, hay tres millones de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptus en el centro sur de Chile; bosques de especies altamente combustibles en una línea continua de cientos de kilómetros verdes que con los años y por efectos del cambio climático, largos períodos de sequia, altas temperaturas y fuertes vientos, se han constituido en un camino para el fuego; esto desembocó en los megaincendios de los últimos años, lo que arreció la crisis hídrica. Se dio el caso que se rodearon pueblos de eucaliptos y pinos, que con los incendios hubo que desalojarlos y que luego fueron calcinados, al igual que pasó con especies vegetales y animales silvestres; además no se abrieron anchos cortafuegos que detuvieran el avance de los incendios, no se separaron con veredas anchas los bosques, no se interpusieron campos agrícolas, ni se levantaron cortinas de especies nativas retardadoras del fuego. En todo caso, estos paliativos aunque mitigarían los incendios, no los evitarían, ya que el inconveniente estuvo en elegir estas especies arbóreas foráneas de elevada combustibilidad, que además, en el caso del eucaliptus consume grandes cantidades de agua de los acuíferos.
Otro aspecto a soslayar de la experiencia chilena es su política de derechos de agua. En efecto, el Código de Aguas chileno de 1981, sancionado durante el gobierno militar, es una legislación que le otorga al agua un carácter dual: por una parte un bien nacional de uso público, pero por la otra un bien económico. Esta última condición permite la gestión del agua según los criterios y conveniencia de la propiedad privada, con lo cual se anula de hecho la figura pública. Lo económico deja la gestión del recurso a los “mercados del agua”, espacios donde se privilegia la oferta y la demanda, en detrimento de las necesidades humanas de las poblaciones arraigadas. Estos derechos son otorgados gratuitamente y a perpetuidad, no existiendo, en los medios rurales, cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos específicos, tampoco pagos por descargas de aguas servidas. Pero además, el Código de Aguas permite separar la propiedad del recurso del dominio de la tierra; esta facultad consagra una enorme iniquidad al despojar a cualquier propietario de terreno del uso del agua que irriga su parcela, ya que ésta pertenecería a cualquier compañía minera o consorcio agrícola, al que se le hubiese asignado la propiedad del agua. Esto es ni más ni menos que un despojo de los recursos hídricos, no solamente a los pequeños productores y campesinos, sino a las comunidades ubicadas en el territorio, las cuales tienen derecho humano al agua. El favorecimiento de los consorcios exportadores ha generado una latente conflictividad social y a una permanente lucha entre intereses contrapuestos.
Miguel Méndez Rodulfo