El Informe sobre Venezuela de la oficina de las NN. UU que dirige la señora Bachelet, como Alta Comisionada de los DDHH, al fin se conoció, anticipándose en un día a la fecha prevista.
Semanas atrás, comentamos su visita a Venezuela, y decíamos, entre otras cosas, que el solo hecho de su presencia en nuestro país constituía ya un reconocimiento tácito de una indudable situación grave (un funcionario de su jerarquía no se mueve por tonterías, sino cuando hay motivos serios para ello) y que su declaración final nos había dejado una buena impresión que preanunciaba resultados apegados a la realidad.
En esos días no faltaron los que arremetieron contra ella, señalando una supuesta complicidad con los tiranos venezolanos, habida cuenta de su filiación política-ideológica.
Decenas de fotos de ella junto a presidentes de izquierda salieron a relucir para “demostrar” cual orientación iba a tener el Informe de marras.
Hubo algunos que hasta llegaron a afirmar que el Informe sería, con seguridad, favorable o complaciente con el régimen de facto chavista.
¡Que equivocados estaban! Por ignorancia, prejuicios o simplemente por ceguera irracional.
Basta leer el documento publicado el día de hoy para comprobar que una institución internacional como las NN.UU, no depende de la visión o el criterio individual de una persona determinada, sino de unas evidencias obtenidas mediante procedimientos y mecanismos regulados, transparentes, sometidos a comprobaciones, evaluaciones y controles estrictos, sobre todo en un campo tan sensible como los DDHH, sobre el cual están enfocados los reflectores de cientos de organizaciones internacionales.
En esta oportunidad, el Informe en cuestión contiene puntos capitales, que señalan a un régimen político como autor de múltiples y horrendas arbitrariedades y atropellos a una población.
Aquí, solo una perlas: “La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019”. “La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales”. “En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de la canasta básica de alimentos”. “El ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”. “Enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, entre ellas enfermedades evitables con vacunas como sarampión y difteria, han reaparecido”. “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”.
“El Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
“El Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”.
“Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos”.
“El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”. “Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”.
Y paremos de citar.
Sobre este categórico y fulminante Informe ya veremos llover críticas rebuscadas o disparatadas de quienes enceguecidos por sus obsesiones y la terquedad, no reconocerán su enorme pifia al opinar con base en absurdos prejuicios. Cuestionarán que Bachelet no pida una intervención militar o no insulte a los tiranos y que se limite a comportarse dentro de los cánones establecidos a la organización a la que pertenece. Ciertamente, la imbecilidad política no tiene límites.
El documento, obviamente, será blanco de las invectivas del régimen, pues lo desnuda tal y como es en su horror. Que lo avale con su firma una persona conocida por ser de izquierda no tiene precio. Más allá del uso que otras instituciones internacionales puedan hacer de él, queda ya asentada y reafirmada, oficialmente, y sin lugar a dudas, la naturaleza ilícita y repugnante de un régimen despótico.
Si este Informe es complaciente o favorable a la tiranía militar –civil chavista, que baje Dios y lo diga.