Intervención en el Foro “Plebiscito, camino al cese de la usurpación”, Valencia, 11 de Julio de 2019
Agradezco a la sociedad civil valenciana esta importante oportunidad para compartir en sus espacios el debate de nuevas propuestas dirigidas a resolver la grave crisis por la que atraviesa Venezuela. En ANCO no hemos parado de hacerlo, y en esta oportunidad lo planteamos con una variante de nuestro desiderátum principista, que señala que el destino de Venezuela tiene que pasar irrevocablemente por una decisión del pueblo soberano. Esta variante es un Plebiscito para que el pueblo decida.
De un reciente informe publicado por el portal Primer Informe, firmado por James Dobbins, ex asesor para el Hemisferio Occidental del ex Presidente norteamericano Bill Clinton, y socio principal de la Corporación Rand, extraigo las siguientes palabras: “Si la administración Trump se toma en serio la preparación para una intervención militar… tendrían que generar apoyo regional, e idealmente, participación de otros países en la intervención; posicionar sus fuerzas para mostrar que va en serio; y crear una base legal para el uso de la fuerza, como una solicitud formal del gobierno internacionalmente reconocido de Juan Guaidó” (ver RAND Corporation: Estos son los escenarios de Trump para salir de Maduro y reconstruir a Venezuela, en https://primerinforme.com/
En ANCO pensamos que la creación de la base legal a la que se refiere el experto norteamericano para el uso de la fuerza exterior, solo debe nacer del Depositario de la Soberanía Popular. No es Juan Guaidó sino el pueblo venezolano el que debe decidir si autoriza o no el uso de la fuerza en nuestro país; ni siquiera el Parlamento, que se ha negado reiteradamente a autorizar la aplicación del Artículo 187, numeral 11, y cuyos diputados nunca estuvieron dispuestos a sacar a Maduro sino negociar con su régimen, como se demostró el 30 de Abril, por lo que es necesario concluir que la secuencia que nos vendieron desde el principio no tuvo nunca validez alguna, y que lo que privó siempre fue un acuerdo negociado por elecciones, que es lo que históricamente han deseado los partidos opositores desde que se instaló la Asamblea Nacional el 5 de Enero de 2016.
A todos nos luce que los errores cometidos el 23F y 30A le han restado una importante credibilidad internacional al gobierno interino de Juan Guaidó, y en especial con el aliado que más nos ha respaldado, los Estados Unidos, por lo que los venezolanos no tendríamos otra alternativa que plegarnos a una negociación con el régimen y su oposición, que desean elecciones en los términos harto conocidos por los venezolanos, con una Comunidad Internacional que no desea intervenir militarmente en el país.
Está pues servida la mesa para que nos hagan creer que solo nos queda la vía electoral para resolver la crisis. Y esa solución, lejos de resolverla, la profundiza. Y la profundiza porque no se ha resuelto todavía uno de los pilares fundamentales del sostenimiento del régimen, y que siempre ha sido ignorado por quienes han cohabitado por años: el sistema electoral. Lo he afirmado antes muchas veces, y lo afirmaré hoy de nuevo: NO SE PUEDE SEGUIR UTILIZANDO EL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL CNE DEL REGIMEN PARA CONTAR LOS VOTOS DE LOS VENEZOLANOS. Que no es suficiente cambiar los Rectores del CNE y actualizar el Registro Electoral. ¡Que hay que hacer una reingeniería completa del sistema electoral ANTES DE HACER OTRA ELECCION EN VENEZUELA! ¡Y eso no se puede hacer con ellos en Miraflores! El solo leer la Sentencia Expediente No. SE-2018-001 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio de fecha 13 de Junio de 2018, del cual tuve el honor de ser convocado como testigo técnico (leer Sentencia en http://ticsddhh.blogspot.com/
Solamente con esa sentencia del TSJ legítimo del 13 de Junio de 2018, cualquier solución electoral en los términos planteados por el régimen y la oposición oficial no constituye una salida a la crisis. Se debe entonces recurrir a la fuente misma de donde nacen las instituciones, que no es otra que la Soberanía Popular, donde se excluya totalmente ese cáncer institucional llamado CNE con todas sus maquinas y procedimientos, y volver al principio mismo de contar los votos uno por uno…
Si la Comunidad Internacional insiste en una solución electoral es porque reconoce sin lugar a dudas que hay que recurrir a la Soberanía Popular y contar los votos para resolver nuestras diferencias. Pero debemos entonces convencerlos que nosotros desde la Sociedad Civil también creemos en esa vía pero no en los términos planteados por el régimen y la oposición oficial. Convencerlos que un Plebiscito es también un mecanismo electoral pero con la diferencia de que puede poner en manos del pueblo la decisión trascendental de decidir la continuidad del régimen, pero por la vía de los votos, de una manera pacífica y constitucional, pero supervisada y sin la intervención de las instituciones secuestradas por Maduro.
Ir a unas elecciones con el régimen y su sistema implica que toleramos su existencia después de haberlo desconocido y le damos beligerancia política al aceptar los resultados electorales que salgan de esos comicios, con un sistema que de antemano sabemos está corrompido. Con un Plebiscito en los términos enunciados aquí no sería así. ¿Y por qué no? Porque de lo que se trata precisamente es de someter a la consideración de la Soberanía Popular Originaria la decisión trascendental acerca de la existencia misma del régimen –si lo queremos o no lo queremos-, con todo lo que ello implica, incluida su expulsión de la vida política del país. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo llevar al régimen a ese juicio de la Soberanía del pueblo? Obviamente no es de ninguna manera fácil. Es claro que no deseará contarse voto a voto y de una manera abierta y supervisada por la Comunidad Internacional, a sabiendas que perderá el juicio popular. Es allí donde la presión externa de todos los países amigos, en especial la del Secretario General de la OEA Luis Almagro, del gobierno de los Estados Unidos, de los gobiernos de Colombia y Brasil, que deben comenzar a ejercerse con mayor profundidad para obligarlo a contarse en esos términos y no en otros. La Comunidad Internacional debe ser la primera convencida de esta solución, aumentando y profundizando las sanciones ya aplicadas, hasta que el régimen acepte ir a un Plebiscito.
En este momento los países que nos apoyan hacen presión con las sanciones pero solo para que el régimen regrese por su cuenta al respeto de la Constitución, cosa que no ha pasado, pero que indudablemente les ha afectado, con su consiguiente debilitamiento, mas no el quiebre de la dictadura. Con la solución plebiscitaria la presión de la Comunidad Internacional se concentraría en un único y solo propósito: que el régimen acepte contarse en un Plebiscito. Esto aumentaría la presión de manera determinante porque sería una presión focalizada y dirigida a un solo único y claro objetivo, y no a uno difuso y general como ocurre ahora, dando una dirección unificada a las protestas que ocurran en Venezuela con una exigencia clara al régimen: que se cuenten en términos plebiscitarios.
El Plebiscito se haría con la colaboración de la sociedad civil y los partidos políticos que así lo decidan, sin la intervención del CNE, no solo por estar corrompido hasta los cimientos sino porque además este instrumento no es de su competencia constitucional (Art. 70), por lo que su realización resultaría además mucho más ágil e inmediata que una elección –como se demostró el 16J-2017-, contando siempre con el apoyo y supervisión de organismos internacionales (OEA y UE). Al aumentar la presión ejercida desde afuera hacia adentro, y desde las mismas entrañas del país, el régimen comenzará a solicitar “negociar” los términos de su sometimiento a la voluntad del pueblo. Es allí donde comenzaría la única negociación posible con ellos: la de los términos de su salida.
Pero, ¿cómo se haría para que el régimen cumpla con el resultado de ese Plebiscito? La respuesta a esa pregunta va de la mano con la aceptación del instrumento: de no cumplir el mandato popular emanado de las urnas de ese Plebiscito, el pueblo le estaría dando la base legal necesaria al mundo para una intervención humanitaria que haga cumplir la decisión del Soberano, no teniendo la Comunidad Internacional manera alguna de evitar el cumplimento de la Responsabilidad de Proteger (R2P) a Venezuela de acuerdo a los términos concebidos en la Asamblea General de la ONU del año 2005. Y para lograrlo de la manera más expedita y con la colaboración del único poder legítimo en Venezuela, la Asamblea Nacional no tendría más excusas para negarse a aprobar la presencia de fuerzas extranjeras dentro del país para apoyar lo decidido por el pueblo en el plebiscito, a través de su atribución establecida en la Constitución en el Artículo 187, numeral 11.
Un Plebiscito es una solución que se contrapone a las negociaciones encubiertas con el régimen por parte de una oposición decidida a cohabitar para asegurar por la vía electoral su permanencia en las estructuras del poder. Daría continuidad a la promesa hecha a los venezolanos el 23E de terminar inmediatamente con la usurpación.
Sin embargo la solución plebiscitaria no es mágica. Conlleva trabajo y esfuerzo tanto nacional como internacionalmente, para convencer a mucha gente. Pero el Plebiscito propuesto es intrínsecamente mucho más que una mera consulta popular como se ha pretendido hacer ver para descalificarlo. Podría considerarse que es, en palabras de Luis Almagro, un “proceso de acumulación política” (ver entrevista a Luis Almagro, en https://es.panampost.com/
Muchísimas gracias…
Valencia, 11 de Julio de 2019
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