Los ministros de Exteriores de los países que integran el Grupo de Lima, que intensifica la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro para buscar una solución a la crisis de Venezuela, se reunirán en Buenos Aires el próximo 23 de julio, informaron a Efe fuentes oficiales argentinas, publica Infobae.
Hasta ahora, la última reunión del grupo -integrado por más de una decena de países- tuvo lugar en Ciudad de Guatemala el 6 de junio pasado, cuando los ministros llamaron a intensificar la presión internacional sobre el régimen “dictatorial” e “ilegítimo” de Maduro para buscar una solución “pacífica” y “dialogada” a la crisis de Venezuela, que consideran una amenaza a la paz regional.
El encuentro de Buenos Aires será el primero desde que el 5 de julio se conociera el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se instó al Gobierno de Maduro a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en el país.
El documento, que fue tachado por el régimen chavista de “parcial” y lleno de “graves errores metodológicos”, denunciaba, entre otros asuntos que, especialmente desde 2016, el Ejecutivo de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno” con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos.
Además, el informe, elaborado tras realizar más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, desvela más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
La última declaración conjunta del Grupo de Lima se remonta al 30 de junio pasado, cuando los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela -representada por el líder del Parlamento y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó- condenaron la muerte ese día del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo.
El militar se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente.
Según su defensa y portavoces de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no podía mantenerse en pie o hablar.
Esta muerte provocó una fuerte reacción de la comunidad internacional: los países del Grupo de Lima consideraron que el militar había sido “asesinado” y la Unión Europea reclamó una investigación “completa e independiente” del caso.
Además de la reunión de Buenos Aires de la próxima semana, el Gobierno de Perú invitó a representantes de cien países, incluidos Cuba, China, Rusia y Turquía, y el Vaticano para que participen el próximo 6 de agosto en Lima en una cumbre internacional sobre la crisis del país caribeño.
Con información de EFE