La figura de “entierro controlado” o “inhumación controlada” no existe en las leyes venezolanas. No hay alguna disposición legal que le impida a los familiares de una persona recibir, velar y sepultar según sus deseos a sus seres queridos. A lo sumo existe la disposición de una inhumación “inmediata” (por entierro o cremación) si hay un riesgo de descomposición del cadáver.
Por: El Tiempo
Un riesgo que en el caso del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo sería culpa del régimen venezolano, quien le aplicó la receta del entierro controlado que había ensayado con Óscar Pérez, el policía que se rebeló contra Nicolás Maduro en el año 2017 y que junto a seis compañeros fue acribillado por las fuerzas de seguridad venezolanas el 15 de enero de 2018 en una operativo bautizado “operación Gedeón”.
Existen algunos videos que muestran cómo Pérez, cercado en su escondite final, intentó negociar con quienes le asediaban, pero terminó asesinado, como sus compañeros, de un disparo en la cabeza.
El cuerpo de Óscar Pérez fue retenido seis días en la morgue por las autoridades venezolanas, quienes justificaban el retraso en la entrega a los familiares asegurando que realizaban pesquisas forenses e investigaciones. El 21 de junio y en un operativo relámpago llamaron a su tía y su prima -únicos familiares que se encontraban en Venezuela en ese momento- para que reconocieran el cadáver. Ambas pudieron ver solo la cara, ya Pérez estaba vestido.
Un fuerte dispositivo policial
En cuestión de minutos salió una furgoneta escoltada por policías hacia el cementerio del Este, donde cordones policiales y militares impidieron el paso a otros allegados y a la prensa. Nunca se le preguntó a la familia dónde querían enterrarlo, ya el espacio estaba dispuesto. Rápidamente fue depositado en la parcela 42A. La misa y las flores vinieron después. El párroco que ofició la misa debió salir del país después.
Ya había ocurrido algo similar con los compañeros de faena y de infortunio de Pérez, Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, enterrados dos días antes que el policía en el mismo operativo, rápido y sin testigos más que un par de familiares. En ese momento, uno de ellos aseguró a la prensa, pidiendo reserva de su nombre, que “la familia en ningún momento dio autorización para el entierro arbitrario de los cadáveres de nuestros familiares ajusticiados por el régimen de Nicolás Maduro”. El resto de sus compañeros fueron enterrados en Zulia y Táchira en similares condiciones.
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