Más inquietudes que soluciones ha generado en los vecinos la pretendida transferencia a las comunas del servicio de aseo urbano que desde hace meses promueve el alcalde de Barcelona, Luis José Marcano, que ha sido disfrazada de legitimidad con la “consulta popular” realizada el pasado domingo 28 de julio en 39 comunas, informó el abogado José Santoyo, secretario político de Vente Venezuela en Anzoátegui.
¿Está usted de acuerdo con que las comunas asuman en corresponsabilidad con la alcaldía la prestación y cobro del servicio residencial de recolección y reciclaje de desechos sólidos en el municipio?, fue la pregunta de la consulta realizada bajo el control del CNE y cuyo resultado sería obvio, pues se sabía que el “proceso” no sería transparente.
El resultado, publicado por el propio Marcano en sus redes, indica que de un universo de 251.439 electores inscritos en el municipio, participaron en la consulta 110.413 votantes, arrojando una participación del 45%, votando por el SI 96.825 (87%) y por el NO 13.138 (13%). Vale recordar, indicó Santoyo, que “en las elecciones municipales de 2017 participaron en el municipio Bolívar 141.728 personas y Marcano fue electo con 83.620 votos, es decir, que él pretende hacer ver que dos años después y con el desastre de gestión en Barcelona, ha aumentado el número de personas que lo apoyan, nada más absurdo”.
Este nuevo engaño se realizó en medio de muchas dudas, refirió Santoyo, y eso lo evidencia lo expresado por los propios vecinos, quienes declararon a medios como Crónica Uno. María Ramos, quien vive en La Ponderosa aseguró que darle más poder a las comunas es dejarle vía libre para hacer actos de corrupción.
“Estos vienen promoviendo que ahora se van a encargar del aseo, pero les recuerdo que aquí hace cuatro años dieron a la comuna un camión nuevo para el aseo y hoy ese camión no existe”, dijo al medio Ramos.
Esta acción inconstitucional realizada desde la alcaldía de Barcelona pretende traspasar un servicio tan importante como lo es la recolección de basura a personas que por más que tengan buenas intenciones, no están preparadas técnicamente ni equipadas para hacerlo, aseveró el defensor de los DDHH. “Una forma de quitarse responsabilidades y manejar recursos sin control, afectando a los habitantes del municipio”, concluyó.
Nota de Prensa