La principal patronal venezolana, Fedecámaras, rechazó este miércoles el impuesto a los grandes patrimonios, que gravará con el 1,5 % los activos de las personas naturales y jurídicas, pues considera que ese tributo pone “en mayor riesgo la sostenibilidad de las empresas”.
En un comunicado emitido en su portal, Fedecámaras sostiene que el impuesto a los grandes patrimonios, que fue aprobado a principios de julio por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pone en riesgo el mantenimiento de las empresas que aún operan en el país, en especial a las medianas y pequeñas.
La ANC estableció que el impuesto a los grandes patrimonios gravará con hasta el 1,5 % los bienes de personas naturales que superen los 250.000 euros (282.500 dólares) y a empresas con más de 650.000 euros (734.500 dólares).
Asimismo, el empresariado considera que este impuesto supone un peso adicional a “las múltiples cargas impositivas nacionales, estatales y municipales ya existentes”.
La patronal advierte de las complicaciones que representa el “excesivo incremento en la carga tributaria”, que “en algunos casos supera el 400%”, así como de las dificultades administrativas que implican “una diversidad de formas de pago”, que incluyen el bolívar, las divisas y la criptodivisa estatal llamada petro.
Para los empresarios, esta nueva carga impositiva “ahoga la capacidad de pago” de las compañías “en un escenario de recesión económica que ha impactado los volúmenes de consumo y de venta de bienes y servicios”, lo cual consideran “afectará, aún más” a la actividad productiva.
Según estimaciones recientes de Fedecámaras, en los últimos 20 años han cerrado más de 370.000 empresas privadas venezolanas, el 60 % de las que existían en 1998 antes de la llegada del chavismo al poder.
En el comunicado, Fedecámaras explica que el nuevo impuesto a los grandes patrimonios profundiza el efecto de “los elevados niveles de incremento en los tributos municipales” que han entrado en vigencia de “manera anárquica y desarmonizada”.
Ponen especial énfasis en “la crítica situación financiera” de las pequeñas y medianas empresas que “se verán obligadas a cerrar sus puertas”, con la consiguiente pérdida de empleos formales.
El impuesto a los grandes patrimonios “carece de justificación económica y jurídica” por otorgar “una mayor discrecionalidad y coercibilidad” al dejar en manos de la Administración Tributaria la fijación de la base imponible o los plazos para el pago de la tasa.
Asimismo, Fedecámaras considera que “la nueva ley no prevé mecanismos para evitar la doble tributación” y que “resulta altamente regresivo” al gravar a empresas “aún sin existir riqueza”.
Por este motivo, la patronal alerta que “la anarquía y la voracidad fiscal, sin una visión sistémica del ordenamiento jurídico tributario” afectarán la recuperación económica de Venezuela.
Fedecámaras, finalmente, insistió en “la urgente necesidad de un cambio en la conducción de la política económica y tributaria”, así como en las medidas que promuevan “la actividad productiva y la inversión”, para impulsar “la reactivación económica”. EFE