La crisis política y socioeconómica en Venezuela ha estimulado una salida de población sin precedentes. Actualmente es el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina y la segunda crisis de desplazamiento más grande del mundo, después de Siria. Entre 2015 y ahora, el número de venezolanos que huyen de su país pasó de 695,000 a cuatro millones, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). A lo largo de 2018, aproximadamente 5,000 personas abandonaron Venezuela a diario, impulsadas por la falta de acceso a alimentos y servicios esenciales, así como por la violencia, con proyecciones de que habrá 5,4 millones de venezolanos viviendo en el extranjero para fines de 2019.
Por: Isabela Dias – Pacific Standard / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Una afluencia tan masiva y rápida de personas también tiene un efecto dominó en el extremo receptor.
“Los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar que continúen haciéndolo sin ayuda internacional”, dijo en un comunicado Eduardo Stein, representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos.
Hasta ahora, Colombia alberga el número más significativo de migrantes, 1.3 millones, seguido de Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Argentina. La mayoría de las naciones se han solidarizado con el pueblo venezolano y han tratado de mantener una política de “puertas abiertas”. Esta semana, Colombia anunció que ofrecerá la ciudadanía a más de 24,000 niños de refugiados venezolanos nacidos en el país entre agosto de 2015 y 2021. Y Brasil, por primera vez, implementó una definición ampliada de refugiados para permitir el reconocimiento de más casos de Venezuela.
“La mayoría de los países latinoamericanos parecen apostar a que encontrar vías legales para que los inmigrantes y refugiados entren por la puerta principal, en lugar de por la parte trasera, es un mejor enfoque para garantizar resultados óptimos no solo para los recién llegados sino también para las comunidades donde se conforman”, escribió recientemente Andrew Seele, presidente del Instituto de Política Migratoria, para Americas Quarterly. En un informe reciente, la organización dice que los países vecinos de Venezuela han “respondido con creatividad y pragmatismo”, mencionando la creación de programas temporales y el uso de visas preexistentes para proporcionar estatus legal.
Pero cuando se enfrentan a frustraciones internas por recursos agotados o temores relacionados con la xenofobia, los gobiernos de Panamá, Perú, Chile y Ecuador han tomado medidas para frenar el flujo migratorio y dificultar el ingreso de los refugiados. La mayoría de las naciones latinoamericanas no tienen la capacidad de abordar las abrumadoras necesidades humanitarias de una creciente población de refugiados, incluidos alimentos, vivienda, atención médica y empleo, ni de procesar eficientemente las solicitudes de documentación, a pesar de sus mejores intenciones. En una publicación reciente de Twitter, cuando se refirió a una operación de las fuerzas armadas brasileñas para proporcionar asistencia básica en la frontera norte con Venezuela, David Smilde, miembro de la organización de investigación y defensa de la Oficina de Washington para América Latina, dijo que tenía “algunas asperezas” y que era insuficiente, pero también elevó “el listón para los países de la región”.
En diciembre pasado, el ACNUR y la OIM anunciaron el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes, una hoja de ruta para 95 organizaciones en 16 países para responder a las necesidades humanitarias urgentes de los venezolanos. También solicitó $ 738 millones en fondos para ayudar a 2.7 millones de personas, pero solo el 34 por ciento de la meta se había alcanzado hasta junio.
Si bien un esfuerzo regional coordinado ha estado a la vanguardia del problema, algunos argumentan que no es sostenible.
“Los vecinos latinoamericanos están haciendo más que su peso”, escribió Cynthia J. Arnson, directora del Programa Latinoamericano en el Centro Woodrow Wilson, en Relaciones Exteriores.
Arnson argumenta que lo que se necesita es que la comunidad internacional en general se movilice, como lo ha hecho con la crisis de refugiados en Siria, y que reconozca plenamente a los venezolanos que huyen como refugiados. Según la Declaración de Cartagena de 1984 recientemente adoptada en Brasil, aquellos que no necesariamente se ajustan a la definición clásica de refugiado (huyendo de la persecución directa por motivos de raza, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular) aún podrían calificar para protección la base de que “la vida, la seguridad o la libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público”.
Incluso si los países fuera de América Latina están a la altura de las circunstancias, el final de la crisis en Venezuela aún estará fuera de la vista en el futuro cercano. Y a medida que algunas de las medidas creativas temporales cumplan con sus fechas de vencimiento, los generosos países vecinos de Venezuela tendrán que comenzar a pensar qué hacer a continuación.