Un botín de aproximadamente 2.500 millones de dólares se mueve en Nicaragua al ritmo de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a personajes e instituciones ligados a la corrupción y a la violación de derechos humanos. Se trata de parte de la fortuna que maneja Daniel Ortega, construida a través de una década de cooperación petrolera venezolana. Así lo reseña infobae.com
Por José Adán Silva
Se conoce que este botín ha tenido al menos tres asientos diferentes en los últimos dos años.
El primer asiento fue la llamada Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional Responsabilidad Limitada (Caruna). Este era un viejo y pequeño negocio que desde su origen en 1992 estuvo vinculado al izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido que volvió a gobernar Nicaragua desde el 2007.
Desde ese entonces, a la fecha, los modestos recursos de la antigua cooperativa de ahorro y crédito alcanzaron operaciones financieras de miles de millones de dólares gracias a que el presidente Daniel Ortega, con artilugios y maniobras, desvió a esa caja los jugosos fondos de la cooperación petrolera de Venezuela hacia Nicaragua.
Para ello, la administración Ortega y entonces Hugo Chávez, crearon una empresa llamada Albanisa (Alba de Nicaragua Sociedad Anónima), con 49 por ciento de acciones a favor del régimen en Nicaragua y 51 por ciento a favor de la empresa madre, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Así constituida, Albanisa se dedicó a invertir y administrar de manera privada los fondos de la cooperación venezolana y transferir los fondos a Caruna, que de pequeña cooperativa rural llegó a convertirse en uno de los emporios más poderosos de Centroamérica.
Sin embargo, para 2018, Caruna sorpresivamente volvió a sus pobrezas de antes. La alarma estalló cuando en mayo de ese año en un pequeño poblado llamado Somoto, a 217 kilómetros al norte de Managua, unas decenas de pequeños campesinos se agolparon a reclamar sus ahorros cada lunes en las afueras de una discreta oficina bancaria de dos pisos.
Sumas desde 250 dólares hasta 15.000 dólares eran reclamadas, y a la vez negadas, con una descorazonadora frase de hielo: “Pronto se les estará llamando para resolver”. Y ya no solo en Somoto sino en todo el país donde antes había sucursales de Caruna, ya no decenas, sino miles de personas, siguen esperando las llamadas y preguntando ¿dónde está el dinero?
La respuesta a este misterio se conoció en agosto de 2018: el dinero de Caruna, un monto de 2.500 millones de dólares en activos, fue transferido de la antigua caja rural a un nuevo banco ligado al gobierno de Nicaragua: Banco Corporativo Sociedad Anónima (Bancorp), según la filtración al diario La Prensa de una auditoría interna realizada por la firma de contadores Grant Thornton.
El nuevo ente financiero fue creado el 24 de febrero de 2014 y entró en operaciones el 6 de abril de 2015, pero fue recién en 2016 y 2017 que recibió desde Caruna, en fideicomisos con plazos de 25 años, un poco más de 2.500 millones de dólares en activos.
Un fideicomiso consiste en un contrato mediante el cual se transmite bienes (dinero, cuentas y derechos) para que sean administrados durante determinado plazo o condición, y que a su vencimiento se transmita el resultado previamente establecido.
La noticia sobre el hallazgo del dinero de Caruna llegó cuando el país ya estaba en llamas: las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno estaban siendo aplastadas por las fuerzas de seguridad del régimen de Ortega, hasta apilarse una montaña de más de 300 cadáveres en menos de cinco meses, junto a unos 2.000 heridos de bala, decenas de miles de exiliados y centenares de presos políticos.
Así que cuando se supo dónde estaba la plata de Ortega, Estados Unidos ya colocaba en su radar de sanciones económicas los fondos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la “troika de la tiranía” como las calificó el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.
Y así, las primeras sanciones para el régimen de Ortega fueron en 2018 contra la empresa madre de todos los negocios con los petrodólares: Albanisa, la cual durante años transfirió sus fondos a Caruna, caja que a la vez los transfirió a Bancorp.
El negocio era rentable: una auditoría al Bancorp elaborada por la firma británica Moore Stephens reveló a inicios de este 2019 que el capital de Ortega creció en más de 230 millones de dólares en el 2018.
En un efecto dominó de las sanciones de Estados Unidos a Ortega, luego de Albanisa las sanciones le llegaron a Bancorp en febrero de 2018: del edificio en el centro de Managua no quedaron ni los rótulos y ante la imposibilidad de operar, tuvieron que regresar los 2.500 millones de dólares a la antigua caja rural Caruna.
“Bancorp era un banco utilizado por el régimen de (Daniel) Ortega para lavar y ocultar dinero de Albanisa”, justificó Washington.
El economista Enrique Sáenz, disidente del Frente Sandinista y hoy en el exilio por su postura de oposición a Ortega, explica los desesperados esfuerzos de Ortega por ocultar los petrodólares.
Según Sáenz, con el recrudecimiento de las sanciones a PDVSA por parte del gobierno norteamericano, Albanisa quedó bajo el punto de mira, amenazando así al entramado empresarial de la familia gobernante de Nicaragua.
“Corrieron entonces a buscar testaferros, trasponer propiedades y crear nuevas empresas de mampara. Llegaron al colmo de transformar el Registro Público de la Propiedad en un registro clandestino. Algunas veces actuaron de manera burda, como en el caso de las gasolineras de Petronic (empresa distribuidora sancionada por Estados Unidos por su vínculo a Albanisa): le cambiaron los rótulos, los colores y la apariencia, pero el mayor desafío era el Bancorp y los fideicomisos ¿Qué hacer para esconderlos?“, pregunta Sáenz.
Y él mismo se contesta: “Crearon la inverosímil compra del Bancorp por parte del Estado de Nicaragua“.
En efecto, en marzo de este año, la Asamblea Nacional, dominada como todos los poderes públicos por Ortega, aprobó la compra por parte del Estado del recién sancionado Bancorp por aproximadamente 23 millones de dólares, para crear un Banco Nacional con los activos de Bancorp.
“Ortega pensó que si utilizaban al Estado como testaferro de la riqueza de la familia, se blindarían con un escudo que los protegería de las sanciones norteamericanas. La confusión entre los intereses de la familia en el poder con el patrimonio público llegó así a un extremo sin parangón, no solo en Nicaragua, sino que probablemente a nivel mundial”, cuenta Sáenz.
Pero no funcionó; en abril, apenas un mes después de haber aprobado la compra del Bancorp, Estados Unidos recordó que este banco estaba sancionado por lavado de dinero venezolano y amplió las sanciones al aun no establecido Banco Nacional, o como fuera que terminara llamándose.
La alternativa de venderle su banco sancionado al propio Estado de Nicaragua, para seguir administrando los petrodólares como negocio privado, fracasó en apenas el arranque de la idea.
¿Qué sigue ahora? Para el ex diputado liberal Eliseo Núñez Morales, el futuro inmediato de los fondos de Ortega en la caja rural, son turbios por una razón: “Estados Unidos no persigue instituciones, persigue los fondos“. Por ello, según Núñez, es altamente probable que Caruna sea posible objeto de sanciones en un corto plazo.
“Desde el atentado de las torres gemelas (2001) la política de Estados Unidos contra el terrorismo y el crimen organizado ya no persigue instituciones, sino la ruta del dinero y en este caso, el dinero de la cooperación venezolana que captó Caruna y transfirió a Albanisa, Petronic y Bancorp, ha regresado a Caruna”, observa Núñez.
A estas alturas, según el ex diputado liberal nadie tiene claro cómo opera Caruna con esos fondos que les regresó Bancorp ni dónde terminarán.
Pero Sáenz tiene sus hipótesis: ante las posibilidades de una sanción de Estados Unidos a Caruna, es de esperarse que Ortega recurra a nuevos métodos para “a toda máquina tratar de ocultar, transferir, camuflar, lavar y otros malabares esa cartera de 2.500 millones de dólares que han regresado a Caruna, para reducir el impacto de unas posibles sanciones de Estados Unidos”.