Venezuela, una nación con 32 millones de habitantes y bendecida con tierras fértiles y recursos naturales que bien la pudiesen abastecer y mantener solvente desde el punto de vista alimentario, enfrenta una crisis humanitaria compleja e irresoluta.
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17 de sus 24 estados tienen vocación agrícola, con millones de hectáreas cultivables o potencialmente aptas para la ganadería. Luego de 18 años de expropiaciones sistemáticas y de controles a las actividades productivas, los productores agrícolas y pecuarios denuncian: “Apenas producimos 20% de lo que demanda el venezolano y es posible que siga disminuyendo nuestra actividad. Tenemos 12 años consecutivos cayendo como sector por un tema de políticas públicas de control y de extorsión”.
Así lo informó a Infobae Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) quien asegura que “en una supuesta guerra contra el latifundio, Chávez, primero, y Maduro, después, han expropiado más de 6 millones de hectáreas cultivables de los más diversos rubros”. “Venezuela era exportadora de café, maíz, frutas, hortalizas, ganado y ahora estamos en la miseria, dependiendo de las importaciones estatales. Quitaron puestos de trabajo aquí para darlo en otras naciones que es donde se compran rubros de baja calidad y con sobreprecios, eso no es un secreto”, reveló el dirigente gremial.
Aseguró que los 17 Estados con vocación agro industrial no cuentan con semillas fertilizantes y demás insumos que incentivan la producción. “El gobierno de Maduro controla lo relacionado a insumos y sólo los suministra a sus aliados. Tampoco hay financiamiento en bolívares o dólares, no hay un céntimo para nosotros. No hay semillas, vehículos, repuestos o combustible para trasladar lo poco que producimos; se han perdido cosechas de frutas enteras pues no hay cómo mover la mercancía, ni luz para preservar lo que se saca de la tierra en las cadenas de frío”.
Hopkins apostó por un cambio político en Venezuela. “La hambruna seguirá si continua este gobierno”, dijo. “Hasta 2007 empresas privadas comercializaban insumos agrícolas. Ahora solo es el gobierno el que monopoliza las semillas, fertilizantes y químicos. Los controles son más que excesivos”, se quejó.
También criticó que la excusa de Maduro sobre la crisis económica sean las sanciones del gobierno de Estados Unidos al régimen de Caracas. “Esto no tiene nada que ver. Las sanciones son muy recientes y están diseñadas para que los jerarcas del gobierno no sigan robando el dinero de los venezolanos. Tenemos 12 años de caída, esto no es nuevo”.
Resistencia en tiempos de revolución
Varios hacendados, agricultores y ganaderos consultados por Infobae comentaron que la reinvención es la norma en estos tiempos. “Los productores de café en el occidente y en los andes venezolanos cambiamos de rubro y ocupamos nuestras tierras con otro tipo de mercancía. Yo siembro plátanos y cambures (bananas) que crecen rápido y con las ventas que hago compro algo de fertilizante para producir café, en un pedacito de tierra. Apenas pago a los obreros que me ayudan y cada día hay menos gente. Los buenos trabajadores se han ido a Colombia o a las islas del caribe en donde ganan hasta diez veces más de lo que yo pago”, comentó a este portal Diolegdy Páez, cuyas tierras en el estado Portuguesa (occidente) producen al mínimo.
“O se van los que mandan actualmente o nos moriremos de hambre, no hay dinero para nada. Todos los insumos los compramos en dólares y en el mercado negro”, expresó la productora.
Cada vez hay más gente dispuesta a denunciar lo que consideran atropellos del gobierno de Maduro. “Ya no tenemos nada que perder”, dijo Vicente Brito, empresario asentado en el estado Monagas (oriente) del país.
“Ocuparon mis tierras, dañaron significativamente mi patrimonio, y todo para nada. De 1.3000 hectáreas productivas que cultivaba desde 1985 solo quedan 30 casas levantadas por invasores, con un legado de miseria y abandono. Esto ha hecho la revolución con una familia como la nuestra. En mis tierras se iban a desarrollar proyectos comunitarios, según me informaron funcionarios del gobierno que se apropiaron de propiedad privada que perteneció a mi familia por años”.
Brito explicó que en mayo de 2001 en su finca se producían cuatro mil litros diarios de leche y había un gran rebaño de ganado que surtía de carne a buena parte del oriente de Venezuela.
“Tenía a muchos empleados y muy bien pagados. Luego vino una intervención, una acción del Instituto Nacional de Tierras, que paralizó el trabajo a alegar que nosotros usábamos agentes contaminantes en el procesamiento de leche y que alimentábamos el ganado con alimentos tóxicos. Unos meses después autoridades del gobierno publicaron en la prensa local unos carteles mediante los cuales informaba que se sembrarían 800 mil hectáreas de soya en el mismo lugar en una explotación conjunta con unos empresarios brasileros. Hoy, 17 años después, hay desolación y abandono y no he podido recuperar mis tierras”, añadió Vicente Brito.
En la actualidad, este ex ganadero mantiene algunas tierras en donde planta frutos tropicales y café. “Todo lo que produzco lo vendo de inmediato y trato de pasar desapercibido aún cuando es muy difícil. Yo tuve mucho dinero muchos años, ahora resisto para poder apoyar a dos de mis cinco hijos para que estudien fuera de Venezuela”, dijo.
Brito aseguró que él no se va de del país. “Aún cuando el 80% de nuestro patrimonio fue tomado por el Gobierno”. “Aquí se ha impuesto un primitivismo político; está no es una sociedad para el debate, nos hemos constituido en el último país del continente, cada vez estamos más pobres. Mantengo la tesis de que al mal tiempo, buena cara. Esto (el chavismo- madurismo) no será eterno”.
Cien años perdidos
Un caso emblemático de despojo de tierras productivas lo constituye el de una familia de mucha tradición en el estado Barinas (sudeste) de Venezuela. Es una sucesión de cinco hermanos quienes omiten identificarse: “Para evitar que nos quiten lo poco que nos quedó”, argumentó Marisela F.V en declaraciones a Infobae.
“Las tierras de nuestra familia datan de 1880. Y hemos sido despojados de dos propiedades y una tercera se mantiene invadida bajo la mirada complaciente de las autoridades nacionales y regionales”, advirtió Marisela.
“Cuatro generaciones mantuvieron en plena producción las tierras porque el gobierno de Chávez la compró a la fuerza y al precio que quiso, la otra porque el Instituto Nacional de Tierras se la otorgó a 19 cooperativas campesinas que las ocuparon ilegalmente”.
Barinas es un estado agrícola y pecuario por tradición. No obstante, la inacción de las autoridades encargadas de mantener el orden en el ámbito rural han convertido al estado llanero en una tierra sin ley donde las invasiones, el abigeo, la extorsión y el desmantelamiento de las unidades de producción están a la orden del día.
A los F.V les ha tocado su parte en esta crisis. Hato Garza fue el primero que perdieron en 2008.
“En aquel momento, Pdvsa Agrícola nos informó que el gobierno nacional necesitaba esas tierras para levantar allí un proyecto, el complejo integral bovino socialista de occidente. Las tierras las compraron a precio de gallina flaca. En esa transacción no hubo mucho que negociar. La propuesta del ejecutivo fue la de comprar al precio que ellos impusieron. Hubo que aceptar lo que ellos decidieron, porque no hacerlo implicaba perder todo sin ningún tipo de pago”, reconoció Marisela.
Siete años después regresaron los chavistas a sus fincas. Esta vez un grupo de invasores integrados por 19 cooperativas campesinas tomaron las tierras de “La Primavera”, otro hato familiar, y decidieron no salir de ellas. “Es un sitio privilegiado, a orillas de carretera asfaltada y con manantiales circundándola”.
Tras batallas legales los hermanos F.V. pudieron demostrar que esas tierras no solo eran propiedad privada, sino que estaban en plena producción cuando fueron invadidas. “La Primavera producía 40 toneladas de maíz al año, era la finca más productiva del municipio Barinas y también destacaba por los adelantos en materia de inseminación para lograr animales de alta genética”.
En mayo de este año la sucesión recibió un fuerte golpe: el Instituto Nacional de Tierras decidió otorgarle un derecho de permanencia a los invasores y los F.V. perdieron cerca de 800 hectáreas que ahora están improductivas y algunas pequeñas parcelas de yuca y plátanos que los ocupantes ilegales siembran para su propio consumo.
No se van
Las decisiones del gobierno han golpeado duro a esta familia. Marisela, abogada de profesión, siempre ha estado al frente de las tierras, que se han mantenido de generación en generación.
La fuente reconoció que durante estos últimos 10 años su nivel de vida mermó. “Si a mi marido y a mí nos tocara pagar hoy las carreras universitarias de nuestros hijos, como lo hicimos hace una década atrás, no creo que pudiéramos hacerlo con la misma holgura”, aseguró.
Marisela se mantiene firme en sus convicciones. Dijo que no se va del país y que aún cree que hay muchas posibilidades para salir adelante. Sin embargo, dijo que recuperar las maquinarias desmanteladas, el laboratorio de inseminación, los instrumentos agrícolas y otros objetos que les han robado, se les hará cuesta arriba.
No tiene dudas que el país tiene que cambiar. “Hay que salir de este gobierno que se ha dedicado a golpear con fuerza al productor. Que no incentiva a los agricultores y ganaderos ni a los empresarios en general”, sostuvo.
Su futuro es su país. No piensa abandonar lo que con trabajo y esfuerzo levantó su padre y ellos continuaron. “Esto –el gobierno- algún día tiene que caer y se impondrán las leyes y la razón. No se puede abandonar al país cuando más nos necesita”, afirmó.
Con información de Infobae