Los excabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que esta semana anunciaron que volvían a las armas –Iván Márquez, que era el número dos de la organización, y también los exdirigentes Jesús Santrich, Óscar Montero y Edison Romaña– podrán contar para su actividad delictiva con los alijos de armamento que el grupo narcoterrorista escondió en Venezuela, con la aquiescencia del régimen de Nicolás Maduro, antes de la firma del acuerdo de paz.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha denunciado que esos dirigentes tienen el apoyo de Maduro y sugiere que se encuentran en territorio venezolano, donde habrían grabado el vídeo que difundieron. El Gobierno colombiano los califica de «grupo armado organizado residual» y ha prometido combatirlos con todas sus fuerzas.
La ONU, que supervisó el proceso de desarme de las FARC, atestiguó en septiembre de 2017 la entrega de 8.994 armas, cuando pocos meses antes el Gobierno de Colombia calculaba que la guerrilla disponía de 14.000. Fuentes en contacto con el Ejército colombiano aseguraron entonces que parte del arsenal no entregado se había escondido en zulos o caletas en Venezuela, país con el que Colombia comparte una larga frontera, cuya lado venezolano fue un «santuario» para las FARC desde la presidencia de Hugo Chávez.
ABC ya advirtió en su día que el cierre fronterizo que Maduro prolongó durante casi un año hasta agosto de 2016 tenía como fin reducir la actividad en la zona, de forma que requiriera menos control policial y militar, y así dejar mayor libertad a las FARC para esconder sus armas. Hasta que eso ocurriera las FARC no iban a cerrar las negociaciones de paz en La Habana; y así sucedió: Maduro reabrió la frontera y pocos días después las FARC daban finalmente por alcanzado el acuerdo de paz.
No está claro si esos antiguos dirigentes de las FARC que ahora han dado la espalda al proceso de paz y han roto con el grueso de la organización –su líder, Timochenko, y la casi totalidad de los 6.800 guerrilleros que se desmovilizaron, siguen ajustados a la legalidad– lograrán sumar a otros disidentes.
Nuevos reclutamientos
En el momento de la firma de paz, unos 500 combatientes prefirieron seguir alzados en armas, manteniendo las actividades ilícitas que venían desarrollando, como el narcotráfico, despojados ya de cualquier retórica revolucionaria. Con el tiempo, otros disidentes y nuevos reclutamientos han elevado esa cifra a unas 2.000 personas, de acuerdo con las autoridades colombianas. Se trata de grupos autónomos, conocidos como «mafia ex-FARC», que no tienen por qué converger entre ellos o con el grupo de Iván Márquez.
No obstante, al parecer uno de los cabecillas de temprana disidencia, Gentil Duarte, de supuesta presencia en Venezuela, les habría ayudado en la logística. Las Fuerzas Armadas colombianas estiman que en estos momentos hay unos 600 disidentes de las FARC en territorio venezolano.
Es previsible, en cualquier caso, que haya confluencia entre el grupo de Márquez y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla colombiana en armas tras la desmovilización de las FARC. El propio Márquez así lo ha indicado y eso cuadraría con el interés de Maduro de contar con una fuerza guerrillera que apuntale su régimen. De hecho, el ELN está adquiriendo el carácter de organización colombo-venezolana, habiendo reclutado a unos 250 venezolanos e implicándose en la minería ilegal de oro en el interior de Venezuela, lejos de la frontera con Colombia.
El general Hugo Carvajal, que fue jefe de la inteligencia militar tanto con Chávez como con Maduro y ahora atraviesa en España un proceso de extradición a Estados Unidos, aseguró en Twitter que «las FARC están en Venezuela y sin duda Maduro auspició su reagrupación», como parte «del plan de contingencia militar» de este. Durante la era de Chávez, Carvajal protegió los campamentos que las FARC tenían en Venezuela y estuvo en contacto directo con sus jefes, tal como ha puesto en evidencia la documentación en la que Washington basa sus acusaciones.