Gran preocupación y hermetismo hay con el inicio de la pelota criolla a pocos días de llevarse a cabo el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para el período 2019-2020.
Luego de la misiva publicada el pasado 22 de agosto por Dan Halem subcomisionado y abogado principal de la Major League Baseball, en la que se suspende preventivamente la participación de jugadores afiliados a las ligas mayores, en suelo venezolano, varias son las inquietudes que se mantienen sobre el comienzo del evento deportivo.
Se tiene previsto que para este jueves el Juan José Ávila, presidente de la LVBP llegará a Santo Domingo para sostener “una importante reunión” con el Comisionado de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, donde conversarían sobre el desarrollo del campeonato venezolano.
Este marte, según el portal http://www.seriedelcaribe.net dio a conocer las impresiones de Puello Herrera, quien afirmó que Ávila, “está muy preocupado con relación al montaje de la venidera temporada Invernal en su país, tras conocerse la prohibición de la MLB de que los jugadores afiliados a esa entidad no pueden accionar en Venezuela”.
Puello indicó que la organización que dirige continúa con la búsqueda de un salida consensuada por parte de las grandes ligas a fin de que se organice “con éxito” la próxima temporada.
“El amigo Ávila, me consta tiene una profunda preocupación y su visita a la República Dominicana obedece a ese interés de que haya béisbol profesional en su país y que los peloteros tengan trabajo, así como los cientos de fuentes de empleos que genera la pelota allá”, adujo el licenciado Puello Herrera.
La discusión que se plantea es la obtención de los fondos para llevar a cabo la disciplina deportiva, ya que aun cuando la LVBP no es un ente gubernamental, casi la mitad del porcentaje de sus recursos provienen del patrocinio del poder ejecutivo.
Recordemos que el dilema surge luego de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos Donald Trump emitida el pasado 5 de agosto, en la que se prohíbe a personas o entidades estadounidenses y extranjeras tener cualquier tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la estatal petrolera PDVSA, salvo autorización emitida por la OFAC.