La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, doctora Michelle Bachelet, presentó su actualización del infirme sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el cual no solamente ratificó en contenido del primero presentado meses atrás sino que abundó sobre nuevas violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos.
En este informe llama la atención el rol que viene desempeñando elementos de la FAN que le sirven de soporte al régimen de Maduro, mediante el uso de la represión y la coacción. Citemos el informe de Bachelet textualmente. “Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos”. En relación con el asesinato del capitán Acosta, afirma que “La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”. Esto es demasiado grave para que las actuales autoridades militares sigan guardando silencio sobre un hecho abominable como este.
Todavía más, afirma la doctora Bachelet que “Me preocupa el aumento de la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón”. Y liego explica que “la muerte de un líder indígena de Curripaco en Amazonas cometido supuestamente por miembros de la Guardia nacional Bolivariana”. Pero no se queda aquí el informe al criticar severamente el uso de la justicia militar para condenar al dirigente sindical Rubén González a cinco años de prisión por el solo hecho de ejercer su derecho como líder de los trabajadores de la Ferrominera del Orinoco.
El dilema para los integrantes de la FAN, en todos sus estamentos es el siguiente: seguir apoyando a una dictadura encabezada por Maduro que ha arruinado a Venezuela y los ha depauperado a ellos también, o ponerse al lado del pueblo y exigir una solución a esta crisis terminal que hoy sufre el país y que se realicen unas elecciones presidenciales competitivas y transparentes, para que el pueblo sea quien decidida quien conduce sus destinos. Hay quienes dicen que la FAN no actúa porque está corrompida e involucrada en todo tipos de negocios. Yo no creo eso. Puede haber individualidades corrompidas y partícipes de hechos ilícitos, más no es la institución como tal. Es hora de restituir la vigencia de la Constitución compañeros de uniforme.