Escuchó su nombre, estaba entrando al ascensor del hotel donde se hospedaba con su familia en Cartagena, Colombia, miró a su alrededor, ninguna persona conocida disipó su desconcierto; era la clase de cosas perturbadoras para un perseguido político, él lo era, agentes de Interpol Colombia lo confirmaron al capturarlo allí, aquel 3 de Julio de 2018, valiéndose de una Circular Roja emitida por Grecia por hechos sucedidos en Venezuela.
Por José Luis Centeno S.
¿Perseguido político? ¿Supuesto o realidad? Dennis Fernández, en su “condición de diputada y presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional”, en comunicación fechada el 24/07/2019 fue concluyente:
“…certifico que el ciudadano Antonio Vathiotis es perseguido político. Vathiotis fue acusado de la muerte de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas acaecidas en el año 2014, por lo que se trasladó a Colombia y fue detenido en ese país debido a una alerta emitida por la INTERPOL… certifico que en el expediente del ciudadano Antonio Vathiotis no existen elementos probatorios de culpabilidad, siendo éste un perseguido político.”
La diputada Delsa Solórzano, ejerciendo el mismo cargo, “Presidente de la Comisión de Política Interior”, el 15/11/2018 estableció “que su detención tiene motivaciones políticas, y por ende ha sido catalogado como preso político”, además “que existe identidad de circunstancias fácticas entre la causa penal” seguida a Antonio José Garbi González “y los motivos de solicitud de aprehensión en perjuicio del ciudadano Antonio Vathiotis”, en suma, ambos están privados de libertad en diferentes naciones por:
“…haber sido señalados como presuntos autores materiales de los hechos ocurridos en Valencia, estado Carabobo el 12 de marzo de 2014, en los cuales falleció a causa de un impacto de proyectil producido por arma de fuego, un Capitán de la Guardia Nacional que correspondía al nombre de RAMZOR ERNESTO BRACHO BRAVO”.
Vathiotis, natural del Grecia, vivió en Venezuela durante 38 años y fue propietario de dos empresas de aduana y transporte ubicadas en Puerto Cabello, Estado Carabobo, en cuya capital, Valencia, residía con su esposa Mairelys Coromoto Macedo Mijares y sus tres hijas, con quienes se vio en la necesidad de dejar Venezuela cuando empezaron a perseguirlo señalado de homicida.
“Desde el 2008 brindé apoyo logístico para la realización de manifestaciones en contra del gobierno y como tantos otros ciudadanos inconformes con la situación del país me sumé a esas protestas, en las cuales por lo general nos agredían de forma brutal los agentes del orden y miembros de los colectivos chavistas”.
Eso Antonio nunca lo ha negado, al contrario, forma parte de sus alegatos a los fines de demostrar su condición de perseguido político, sometido al escarnio público y despojado de todos sus bienes muebles e inmuebles, congelados sus activos financieros, pero antes, víctima de hurto en su residencia y de amenazas a su familia por parte de los funcionarios designados para su aprehensión.
Garbi y Vathiotis no se conocen ni de vista ni de trato. No es fortuito que ellos, los únicos privados de libertad en este caso, respondan al nombre de Antonio, el autor material del crimen que les endosaron “sería un vecino de Vathiotis en las residencias Doral Park de Mañongo, del mismo nombre, fue el que le dio los tiros al capitán”, versión de un ex funcionario del CICPC admitida por la viuda del oficial asesinado.
Resulta obvio, Vathiotis “carecía de la protección nacional que pudiera brindarle su país de origen en materia de acceso, garantía y protección de sus derechos fundamentales, representando un riesgo para su vida e integridad personal”, así lo determinó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia para otorgarle, mediante la “RESOLUCIÓN NÚMERO 3238 de 21 JUN 2019”, la condición de refugiado que solicitó días antes de su captura.
Resulta contradictorio que el Estado colombiano habiendo reconocido en relación a este caso que en Venezuela “ocurren una serie de crisis estructurales en materia de acceso a la administración de justicia”, lo siga manteniendo preso, con ello excluye opinión vinculante que recibiera mediante nota del 18 de febrero de 2019, suscrita por el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, con sede en la República de Colombia:
“El comportamiento de quienes usurpan funciones en el ámbito judicial en Venezuela, está altamente cuestionado respecto al cumplimiento de normas y valores que rigen interpol, por ello, han optado por utilizar terceros países con los que mantienen estrechos vínculos (como Grecia en este caso) con el fin de que sean éstos, quienes incluyan a personas para su detención con el propósito de lograr la extradición…”
14 meses lleva Antonio cautivo en La Cárcel La Picota de Bogotá, Patio A, Sección de extraditables. Venezuela y Grecia solicitaron su extradición, de hacerlo, el gobierno colombiano violaría lo estipulado en el Artículo 3.1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados:
“Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Él ha insistido: “Estoy preso por un favor de Alexis Tsipras (ex Presidente de Grecia) a Nicolás Maduro”, adquiriendo sentido en una trama de complicidades que se hace cada día más patente y que involucraría al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Francisco Acuña Vizcaya, quien en tres oportunidades ha negado la posibilidad de que Vathiotis salga en libertad.
Antonio nos preguntó, “¿usted sabe cuál es mi bandera? Mi bandera es la verdad”. Una verdad suprimida en este caso, acentuando la percepción de la perniciosa injerencia política en la administración de justicia de dos países vecinos en apariencia opuestos en torno al tema del “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, vapuleado también por Grecia al prestarse para un fraude en opinión del Doctor Zair Mundaray:
“Antonio es víctima de persecución política de la Tiranía. Es un caso único de violación de normas internacionales para apresarlo mediante fraude procesal. Se le atribuye un hecho que no cometió y se usó a Grecia para incluirlo en alerta roja”.
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