El régimen de Nicolás Maduro anunció el arranque del XV Censo Nacional de Población y Vivienda a partir del pasado 20 de septiembre, previa fase de preparación cartográfica y formación del recurso humano encargado de ejecutarlo adelantada el año pasado.
De acuerdo con recomendaciones internacionales los censos se realizan cada vez que transcurre una década, en los años que terminan en 0 y 1. En el caso venezolano debería ser en el 2021 porque el último se hizo en el 2011.
Este adelanto, más la notificación por parte del vicepresidente sectorial y ministro de Planificación Ricardo Menéndez de que además del personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto Geográfico Nacional participará la Milicia Bolivariana, entre otros activistas políticos causó extrañeza y alarma entre los vecinos.
Alarma porque de nuevo el fantasma de las expropiaciones y las invasiones se ciernen sobre las propiedades de ciudadanos, especialmente los que forman parte de la diáspora, comerciantes y empresarios, ante los objetivos de un censo que para los condominios, asambleas de vecinos y personas jurídicas no están del todo claros. Se considera que lejos de dar tranquilidad el Ejecutivo echa más leña al fuego. Menéndez informó durante su intervención en un programa del canal del Estado que se levantará la data tanto de los inmuebles usados como viviendas como con fines comerciales.
“Los compañeros saldrán a hacer la revisión inicial – desde el viernes 20 de septiembre en siete parroquias de Caracas y desde el lunes 23 en siete parroquias más y así hasta completar todo el país. A todas las viviendas, infraestructuras, los comercios, las industrias, todas las parcelas que hay se les va a fijar unas etiquetas con el código QR que sustituye a las que tradicionalmente se pegaban con la palabra censada. Ese código remite a la cédula inmobiliaria por lo que a cada vivienda se le asignará una para el posterior seguimiento (visita de los empadronadores mediante cronogramas a ser notificados), con ese código se abren las puertas para la simplificación de trámites”, explicó.
Aseguró que la propiedad privada no resultará afectada ni durante ni después de dicha consulta nacional porque ese aspecto no será medido y acusó a voceros interesados en sembrar el pánico en la población de la circulación de información falsa sobre el censo. Pero no explicó por qué se decidió que los milicianos con manifiesta filiación política intervendrán en el levantamiento estadístico. También negó que fuera un proceso apresurado porque la cartografía censal y la preparación del personal requerido se está haciendo desde 2018.
“Se habla de tres componentes que harán el censo, la Milicia, el partido Somos Venezuela y el Poder Popular concretamente los Consejos Comunales de los cuales muchos en el país no están registrados, también de las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar Chávez) que son una instancia del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela). Los partidos tienen derecho a organizarse pero no para un censo, siempre se han seleccionado a estudiantes universitarios, mediante concurso público y se les da una preparación previa es como si los gobiernos de AD y Copei hubieran dicho que los militantes adecos y copeyanos iban a realizar el censo. Las Milicias además no están previstas en la Constitución y es un ente paralelo a la Fanb, no están calificados para esta actividad”, cuestionó el director de la organización civil MiCondominio.com, Elías Santana.
Gerardo Correa, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el área de Estudios Demográficos indicó que durante la preparación de los empadronadores que son estrictamente civiles se hace un repaso de censos anteriores y se muestran ejemplos de lo que no se debe hacer, el activismo o el uso de elementos políticos forman parte de lo no recomendado.
Temores
Es precisamente ese componente político el que reaviva los temores sobre lo que podrían ser las verdaderas intenciones del censo por parte de un Gobierno, que a juicio de Santana, ha hecho de la palabra expropiación “una de sus claves fundamentales”.
De acuerdo con cifras de Fedecámaras entre los años 2007 y 2012 fueron expropiados en el país no menos de 1.500 establecimientos comerciales. De igual forma, entre 2006 y 2008 el para entonces alcalde metropolitano Juan Barreto dictó medidas expropiatorias sobre 449 inmuebles, de los cuales, según el procuradora metropolitano Rubén Ortíz, solo habría pagado 17 a sus propietarios, aunque la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) manejó una lista de 200 edificios.
“Ningún funcionario en el nombre de ningún censo tiene la potestad de decidir quién ocupa un inmueble de propiedad privada consagrada en el artículo 115 de la Constitución, porque cualquier persona tiene derecho a dejar su casa sola o al cuidado de alguien. Nadie le puede decir a quien ocupa un inmueble sea el dueño o quien haya quedado a cargo que desocupe, la única vía es la expropiación producto de un proceso legal y una sentencia firme, cualquier otra forma es un abuso de poder, un delito con sanciones según el artículo 471A del Código Penal, las autoridades deben recibir las denuncias y actuar, advirtió el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana Roberto Orta.
El vocero señaló que llegado el momento de la visita de los empadronadores a cada comunidad, cuyo cronograma será a dado a conocer según Menéndez, cada asociación de vecinos por la vía pacífica debe tomar la decisión de si recibirá o no a los encuestadores, las medidas de precaución a tomar y las reacciones ante cualquier eventualidad.
El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas Carlos Julio Rojas, sugirió a los vecinos contactar en el exterior a los dueños de inmuebles desocupados para tener a la mano documentos de propiedad, armar una red de vigilancia de las viviendas y espacios vacíos para evitar marcajes antes o después del sondeo, denunciar irregularidades ante las autoridades y protestar si es necesario.
Consultado sobre el tema, al presidente de Consecomercio Felipe Capozzolo no le preocupa el adelanto del censo y aboga porque los datos recolectados sirvan para desarrollar políticas nacionales en beneficio de los venezolanos y que la información que pueda ser útil para diversos estudios científicos y académicos en el país sea publicada y no se incurra en opacidad tal como se ha hecho con cifras relacionadas con áreas como la salud.
“Si la política pública derivada con respecto a los inmuebles censados pudieran ser expropiaciones y confiscaciones por supuesto que expresaremos nuestro desacuerdo y rechazo porque no avalamos este tipo de ataques contra la propiedad privada, todo lo contrario, buscamos la defensa de la propiedad en el marco de una economía de libre mercado donde privilegie la ley de oferta y demanda. El tema no son los aspectos técnicos son las acciones de las personas y los funcionarios”, dijo.
Por su parte, la expresidenta del gremio, Cipriana Ramos recalcó que no hay excusas para que empadronadores quieran indagar sobre los inmuebles de uso comercial, pues para eso existen las unidades de catastro de las alcaldías donde reposan datos como cuántas hay en un municipio y a qué se dedican. “En asambleas de vecinos hemos decidido recibir a los funcionarios, sean del INE o milicianos o a cualquiera en las puertas de las residencias y urbanizaciones porque no se les permitirá el ingreso y mucho menos vamos a revelar cuáles casas o locales están desocupados”, advirtió.
El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas que agrupa a vecinos de La Candelaria, Carlos Julio Rojas denunció que a raíz del anuncio del Gobierno sobre el censo nacional, grupos identificados como colectivos e integrantes de consejos comunales y milicianos con carnet de la Alcaldía de Libertador están promoviendo invasiones en el municipio, previo marcaje de inmuebles que están solos.
Fueron los casos del edificio Cuatricentenario en la avenida Victoria de Caracas y el Hotel Puerto Escondido en el centro capitalino, donde los sujetos forzaron cerraduras de rejas y puertas y aseguraron que se trataba de un plan denominado “ubica tu casa”, para asignarlas a personas sin hogar. La movilización de los vecinos y la denuncia través de los medios de comunicación provocó que los invasores, al menos en el primer inmueble mencionado, desistieran y se marcharan, aunque dejaron destrozos materiales.
“Es una vulgar invasión en nombre del censo cuyo veredadero propósito no sabemos, la policía y la Fiscalía deben proceder y resguardar la propiedad privada. Desde que se supo que se haría el censo hemos recibido reportes de amenazas en 15 zonas de Caracas”, indicó.
Autoempadronamiento
El ministro de Planificación Ricardo Menéndez dijo recientemente que no caerán en diatribas con quienes acusó de querer sabotear el censo e informó que aquellas personas que no desean abrir las puertas de sus hogares al personal tendrán la opción del “autoempadronamiento”, la cual tendrá un lapso establecido que será dado a conocer. Bajo dicha modalidad la persona podrá ingresar a una plataforma web habilitada para proporcionar sus datos. Aunque para ello igual necesitará que en su puerta sea pegada la etiqueta con el código QR.
Al respecto, el investigador Gerardo Correa advirtió que experiencias de otros países demuestran que el autoempadronamiento no ha sido exitoso porque las personas o no ingresan o suministran información falsa. Sin dejar de mencionar los graves problemas de conexión existentes en Venezuela.