El Vaticano investiga una serie de operaciones financieras supuestamente irregulares vinculadas a la compraventa de inmuebles y ha suspendido a cinco empleados de altas instituciones de la Santa Sede, informa hoy la revista “L’Espresso”.
Ayer martes los gendarmes vaticanos requisaron documentación y ordenadores en la Secretaría de Estado de la Santa Sede por orden del promotor de Justicia (fiscal), Gian Piero Milano, después de recibir una serie de denuncias a comienzos del pasado verano.
El Vaticano informó de esta operación sin dar mayores detalles y se limitó a señalar que la incautación tuvo lugar en la primera sección de la Secretaría de Estado y en la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Hoy el semanario italiano “L’Espresso” publica que el objetivo es investigar operaciones financieras millonarias supuestamente irregulares realizadas por algunos funcionarios de la Secretaría de Estado y la AIF.
Entre estas, apunta, los magistrados analizan compraventas de inmuebles en Londres y la gestión del Óbolo de San Pedro, que recoge las ayudas económicas que los fieles ofrecen al papa para que sean destinadas a obras de caridad.
Además, prosigue, desde esta mañana han sido suspendidos de empleo de forma cautelar cinco trabajadores del Vaticano.
Son, según la fuente, Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; una empleada de la administación, Caterina Sansone; Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación, y el director de la AIF, Tommaso Di Ruzza.
La revista publica la circular con la que el Vaticano informa a sus empleados y servicios de seguridad sobre la suspensión de estas personas.
“Los mencionados podrán acceder al Estado exclusivamente para acudir a la Dirección de Sanidad e Higiene y para sus servicios, o bien con la autorización de la magistratura vaticana. Monseñor Mauro Carlino seguirá residiendo en la Domus Santa Marta”, reza el texto.
La operación surge de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para Obras de Religión, conocido como el banco vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último encargado de auditar la administración vaticana.
EFE