El gobierno abusivo de Venezuela no es apto para desempeñarse en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Estados Miembros de la ONU deberían rechazar su candidatura, señaló hoy Human Rights Watch. Desde hace años, las autoridades venezolanas han llevado adelante una brutal arremetida contra opositores y no han abordado una emergencia humanitaria que ellas mismas han causado y que ha provocado que más de 4,3 millones de venezolanos huyeran del país.
Por: Human Rights Watch
“Los países miembros de las Naciones Unidas deberían transmitir un mensaje claro al gobierno de Nicolás Maduro de que no premiarán las políticas crueles y abusivas que han destruido las vidas de millones de personas otorgándole un asiento en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La elección de Venezuela representaría una afrenta a un órgano cuyos miembros se supone deben observar los más altos estándares en materia de derechos humanos”.
El 17 de octubre de 2019, la Asamblea General de la ONU elegirá 14 nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 países, para un período de tres años que comenzará en enero de 2020. Hasta el 3 de octubre, el grupo regional de América Latina y el Caribe en la ONU ofrecía únicamente dos candidatos (Venezuela y Brasil) para dos asientos en el consejo, lo cual prácticamente aseguraba que ganaran. Ahora que Costa Rica anunció el 3 de octubre que competiría por uno de los dos asientos, los miembros de la Asamblea General, conformada por 193 naciones, tienen una oportunidad de impedir que representantes de Maduro accedan al consejo, agregó Human Rights Watch.
Las autoridades venezolanas son responsables de violaciones de derechos humanos sistemáticas como detenciones arbitrarias, tortura de opositores y prácticas de seguridad pública abusivas, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, indicó Human Rights Watch. Tampoco han adoptado medidas para abordar la emergencia humanitaria devastadora por la cual son mayormente responsables. El poder judicial no actúa de manera independiente y prácticamente todos los casos de violaciones sistemáticas quedan impunes. Esto ha dado lugar a una profunda crisis de derechos humanos que propició el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina.
El 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución por la cual se crea un mecanismo independiente de investigación, llamado misión de determinación de los hechos, para que investigue ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que tuvieron lugar en Venezuela desde 2014. La resolución fue propuesta por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú, todos miembros del Grupo de Lima, que ha encabezado esfuerzos internacionales orientados a presionar a las autoridades venezolanas para que frenen los abusos.
Aunque los miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen la obligación de cooperar con el órgano de derechos humanos de la ONU, Venezuela ya ha manifestado que rechaza esta resolución, en un acto que no hace más que confirmar que no es apta para ocupar un asiento en el consejo, sostuvo Human Rights Watch.
En julio, la oficina de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un informe lapidario sobre Venezuela. En ese informe se describen abusos que son coincidentes con los hallazgos de organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos y pone de manifiesto la necesidad de asegurar que los responsables rindan cuentas por sus delitos. Estos abusos incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.
En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció que se abriría un examen preliminar de la situación en Venezuela. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pidieron a la fiscal de la CPI que investigara posibles delitos de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. Más tarde, Costa Rica, Francia y Alemania sumaron su apoyo al pedido.
Al anunciar la candidatura de su país, el presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada expresó en un mensaje de Twitter el 3 de octubre que “por las graves violaciones contra los DD.HH. que evidenció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para el Consejo de #Derechos Humanos de la ONU. #CostaRica se propone como alternativa”. En cambio, Costa Rica ha desempeñado históricamente un papel clave en la promoción de los derechos humanos en la región y a través de instituciones multilaterales, incluso cuando ocupó en el pasado un lugar en el Consejo de Derechos Humanos.
El otro candidato a ocupar un asiento es Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, emplea un discurso hostil respecto a las normas de derechos humanos. Su gobierno ha dado vía libre, en la práctica, a redes delictivas que destruyen la Amazonía e intimidan y atacan a defensores de la selva. En Brasil hay problemas crónicos de derechos humanos, como la violencia policial y condiciones inhumanas en las prisiones. Por otra parte, mientras Venezuela intenta impedir que el Consejo de Derechos Humanos actúe ante los abusos, Brasil ha apoyado numerosas resoluciones del Consejo sobre distintos tipos de violaciones de derechos Humanos en todo el mundo.
La Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU pide a los países que voten para elegir miembros del Consejo de Derechos Humanos que tengan “en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos”. Este criterio se aplica a las acciones de los candidatos orientadas a proteger y promover los derechos humanos en sus propios países y en el extranjero. Se supone que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos” y “cooperar plenamente con el Consejo”.
“No todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos tienen un récord intachable, ni mucho menos, pero el caso de Venezuela es claramente inaceptable”, expresó Vivanco. “Invitar a representantes de Maduro a menoscabar la labor del Consejo de Derechos Humanos desde adentro supondría una bofetada no solo a las víctimas de sus abusos, sino también a las víctimas de violaciones de derechos humanos a nivel global”.