A tres años del motín en la sede de la Policía del estado Táchira, Politáchira, por espacio de 29 días y que dejó al descubierto una serie de situaciones internas ilícitas, cruentas y aberrantes, que finalmente condujeron a la intervención de ese organismo, cinco presos siguen desaparecidos.
Por Miriam Bustos / lanacionweb.com
Dos de ellos, se confirmó, fueron asesinados y objeto de canibalismo; de los otros tres no se descarta, por difícil que parezca creer, que de alguna manera pudieran haberse evadido durante el conflicto, con complicidad.
Esta última presunción se deriva de las recientes y exclusivas declaraciones que se obtuvieron de una fuente que estuvo directamente involucrada en la investigación; sin embargo, para entenderlas, es esencial saber que el motín inició el 8 de septiembre y finalizó el 7 de octubre de 2016, lapso durante el cual se conocieron de abusos de autoridad, extorsiones de policías a familiares de presos, extorsiones entre presos; en fin, ilícitos de toda naturaleza que se agudizaron cuando los amotinados tuvieron bajo control los calabozos y cometieron otros crímenes inimaginables.
Comenzó con la toma de rehenes por parte de un grupo de internos, al secuestrar a dos funcionarios policiales y a diez visitantes.
Unos 50 amotinados exigían su traslado a la cárcel de Tocorón, estado Aragua. Con el trascurrir de los días, las inmediaciones de Politáchira se vieron abarrotadas de periodistas, familiares y parientes de presos que manifestaban temer por sus vidas, por cuanto el resto de privados de libertad también eran rehenes.
A varios los torturaban, los mutilaban, les fracturaban brazos o piernas; los cortaban y golpeaban, como se constató en videos que los mismos amotinados grabaron en sus teléfonos celulares y difundieron.
Para algunos fue tarde
Entre toda esta gente angustiada se encontraba Juan Carlos Herrera, padre del interno Juan Carlos Herrera Aragoza, de 25 años de edad, y también los esposos Luz Marina Sepúlveda de Correa y Kenedy Correa, padres de Anthony Kelvis Correa Sepúlveda, de 22
años de edad, los dos reos asesinados y comidos. Juan Carlos (padre) siempre fue el rostro visible de los familiares y, en algunas oportunidades, vocero de los presos-rehenes, que lo llamaban por teléfono para contarle cómo estaba la situación intramuros.
Abiertamente, Herrera denunció que mucho antes del motín había sido extorsionado en dos oportunidades, por dos funcionarios, cuando les pidió que, por su seguridad, cambiaran al joven de celda, pero no sucedió. Hasta el cansancio, pidió la intervención de alguna autoridad que pudiera negociar con los amotinados y resolver el conflicto, pero cuando finalmente concluyó, ya era muy tarde.
Este padre tachirense supo de su hijo hasta el viernes 30 de septiembre, una semana antes de culminar el motín, y con Anthony perdieron contacto el 3 de octubre. Otro preso contó que, luego de ser asesinados, colgaron sus cadáveres para que “desangraran” y después llamaron a José Dorángel Vargas, el llamado Comegente, para que los descuartizara y los cocinara.
Finalizado el motín y controlada la situación, el Cicpc colectó restos óseos entre las cloacas, pero el ADN de estos nunca coincidió con el suyo o el de los padres de Anthony. El afligido hombre, por mucho tiempo intentó buscar una justicia que no ha llegado. Se dice que se fue del país, con su dolor a cuestas, debido a las reiteradas amenazas de muerte que presuntamente estaba recibiendo. Con él se perdió todo contacto.
Unos 11 internos fueron procesados judicialmente por los hechos ocurridos durante el motín, dos de ellos imputados; otros 16 trasladados a distintos centros de reclusión del país, y seis policías investigados por su presunta complicidad, al presuntamente facilitar el ingreso de armas de fuego, con las que se inició la toma de rehenes. Sin embargo, para los familiares de los presos asesinados y la gran mayoría de tachirenses, no todos los responsables fueron presentados ante la justicia.
Atrocidades no reveladas y dudas aún pendientes
Ahondando un poco más, sobre todo en lo que fue la última semana del motín, se conoció que los presos que se negaron a comer carne humana fueron golpeados con un martillo en cabeza y manos; y en cuanto a los tres “desaparecidos” restantes, presuntos paramilitares colombianos, la fuente consultada opina que se evadieron de la instalación y que si nadie abogó ni preguntó por ellos, es porque no tenían familia en Venezuela.
“Allí se constató la desaparición de cinco internos. De ellos, hallaron los restos óseos solo de dos. Mi tesis es que los otros tres se fugaron, pagaron para poderse evadir. Están plenamente identificados, son irregulares colombianos y todos tenían apodos muy representativos de ese país. Incluso, los mismos presos que fueron testigos de los asesinatos indicaron que fueron solo dos (Juan Carlos y Anthony). De los otros no hay testigos ni vestigios de que fueran asesinados”.
— También refirieron los testigos -continuó- que a uno de los muertos se lo comió Dorángel, que de sus glúteos y piernas rebanó pedazos a manera de bistec y que hizo como un guisado, una especie de asopado con sus restos, para todos. O sea, sí fue el Comegente el que los descuartizó, pero no fue él quien los mató, como querían achacárselo. Dos de los líderes del motín, un ‘paraco’ y un tipo de Santa Ana del Táchira, a uno de los fallecidos le sacaron el corazón. Le amputaron el pene y obligaron a un preso a comérselo; y al otro cuerpo le cortaron los testículos e igualmente se los dieron a comer a otro interno. Todo ese horror pasó allí—.
“Adicionalmente a todo esto, estuvieron quemando esas osamentas como tres días; es decir, que el hecho de que el ADN no haya correspondido, podría deberse a que esas muestras estaban demasiado contaminadas; las partes óseas se sacaron de las tuberías de aguas negras y, además, se le dio un manejo poco responsable a la cadena de evidencias. De ese caso quedaron todavía muchas dudas; por ejemplo, nunca se halló el lugar exacto en el que mataron a esos dos muchachos, ni utilizando la prueba de luminol”.