El ministro de Justicia, Germán Garavano, entregará este martes en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Holanda, los testimonios originales de los venezolanos residentes en Argentina que denunciaron ejecuciones extrajudiciales, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Por Mariel Fitz Patrick | Infobae
Los testimonios de medio centenar de ciudadanos de ese país caribeño fueron recogidos entre el 24 de julio y el 22 de agosto, en forma presencial y bajo reserva de identidad, en el Centro de Orientación a Migrantes que habilitó el Gobierno argentino en el barrio porteño de Constitución, y describen las vejaciones sufridas o de las que tomaron conocimiento bajo el gobierno de Maduro.
Son 80 sobres con la prueba documental en que se basó el informe calificado de “confidencial” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la cartera de Justicia, al que accedió Infobae, y que Garavano le entregará ese día a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
En diálogo con este medio, el ministro de Justicia dio detalles de la documentación que llevará a La Haya.
—¿Por qué viaja para hacer entrega del informe y los testimonios originales?
Garavano: —De los testimonios recogidos en el informe surgen graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de agentes estatales y paraestatales que responden al régimen de Maduro. Creemos deben ser investigados por la Corte Penal Internacional, ya que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, tal como están concebidos el Estatuto de Roma. Nuestro deber es hacerle conocer estos testimonios a la Fiscalía de la Corte.
—Argentina ya hizo una presentación el año pasado ante la CPI por la situación en Venezuela…
—Sí, en septiembre pasado, el Gobierno hizo en el marco del Grupo de Lima – junto con Perú, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay – una denuncia para que inicie una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Maduro. Esto que vamos a entregar es un aporte de prueba en la denuncia que hicimos en ese momento.
—¿Es la primera denuncia que llega a la CPI contra Maduro?
—Sí, es la primera vez que una denuncia de este tipo, hecha por países. Y esto implica que la CPI no puede no tratarla, y la fiscal ya abrió un examen preliminar.
—¿La Corte Penal Internacional está ya al tanto de este informe que elaboró el Ministerio de Justicia?
—Se lo adelantamos al número dos de la Fiscalía de la CPI cuando vino a Buenos Aires, pero este martes vamos a hacer la entrega formal de todos los testimonios originales completos.
—¿Algún otro país implementó un procedimiento para recibir denuncias de venezolanos por violaciones a los derechos humanos?
—Argentina es el único que lo hizo y esto fue bien valorado por la Fiscalía de la CPI. Se conformó un equipo interdisciplinario compuesto por integrantes de diferentes áreas del Ministerio y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), que tuvo a cargo el acompañamiento de los ciudadanos venezolanos que se acercaron a denunciar.
—¿Cómo se recogieron esos testimonios?
—Usamos herramientas de la propia Fiscalía de la CPI que nos facilitaron, siguiendo sus protocolos. Fueron todos en forma presencial. Se acercaron personalmente a contar lo que habían vivido o sabían, con mucho miedo. Por otro lado, a cada denunciante se le asignó un número que es el que figura en su testimonio, y que fue mantenido en reserva, por lo que no se identifica a quién corresponde cada uno para preservar el anonimato.
—¿Por qué tomaron este recaudo?
—Porque había mucho temor de los venezolanos que se acercaron a denunciar de que trascendieran sus nombres.
—¿Se siguen recibiendo denuncias?
—Después de las PASO, prácticamente se cortaron las denuncias. Nos sorprendió que en las consultas telefónicas muchos manifestaban que tenían temor a posibles represalias a partir de una vuelta del kirchnerismo, que tuvo una posición muy cercana al gobierno de Maduro.
Qué dice el Informe reservado
En el informe elaborado por la Secretaría de Derechos humanos se especifica que 29 de los 44 testimonios de venezolanos recibidos en el centro de recepción de denuncias “se corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma por el que se rige la CPI y del que Argentina es Estado Parte.
Los testimonios se refieren a hechos acontecidos entre 2014 y 2019, y el documento los cataloga en cuatro tipos: persecución; tortura; encarcelamiento y/o grave privación de la libertad física; y ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y otras formas de violencia sexual.
Persecución
“La totalidad de los testimonios los declarantes manifiestan haber sido víctimas o testigos de algún tipo de persecución por motivos políticos y/o ideológicos. Se constata que la persecución se ha manifestado en diversas expresiones como ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento, privaciones graves de la libertad física y torturas”, se señala en el documento.
“En particular, las persecuciones se ejecutaban luego de identificar a personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno o han hecho declaraciones públicas, denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, y personas que eran miembros y/o dirigentes de otros partidos políticos opositores. Dichas persecuciones derivaban en la detención arbitraria e ilegal de personas y eran conducidas a centros de detención en donde permanecían incomunicados y sufrían en la mayoría de los casos torturas”, se detalla el el documento de nueve páginas que resume los ejes comunes de los testimonios.
Se da cuenta de “un patrón de persecución manifestado en amenazas públicas por parte de las autoridades, judicialización de la política y politización de la justicia, invención de causas penales, inhabilitación política, privación al derecho a la libre expresión, allanamientos ilegales de la vivienda, represión violenta con excesivo uso de la fuerza y exilio forzoso”, continúa el informe.
Torturas
Los denunciantes afirmaron ser tanto víctimas como testigos de los actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad, que tuvieron diferentes modalidades:
-Golpes físicos dados hasta dejar inconsciente a la víctima
-Posicionarse en cuclillas o arrodillados durante horas
-Estar parados sobre asfalto caliente
-Mantenerse en situación de hacinamiento
-Encierro en espacios reducidos por horas
-Ataques con bombas lacrimógenas en lugares cerrados
-Disparos a quemarropa
-Electrocución
-Asfixia
-Privación del sueño
-Utilización de picanas eléctricas en piernas, testículos y brazos
Según los testimonios, la tortura apuntaba a que las víctimas “denuncien a otras personas o solamente por ser considerados “opositores” y/o “traidores a la patria” por parte de los agentes de seguridad”.
Los declarantes identificaron entre los responsables de cometer esas vejaciones a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DEGECIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Guardia Nacional de Venezuela (GAE), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
Encarcelamiento y/o Grave Privación de la Libertad Física
Casi la totalidad de los denunciantes aseguraron haber sido encarcelados de manera arbitraria por el solo hecho de tener una opinión diferente del gobierno o ser sospechado de opositor.
La gran mayoría de las veces, “la detención y encarcelamiento se producían en las manifestaciones” y se mencionaron casos “en donde las fuerzas de seguridad allanaban domicilios ilegalmente y detenían a personas arbitrariamente que se encontraban en listas de personas a detener”.
Los testimonios coinciden en que “el encarcelamiento era generalmente en condiciones infrahumanas, en donde se producía hacinamiento, encierro en celdas de dos metros por un metro y medio, los ataban durante horas, celdas oscuras sin ventilación, imposibilidad de asearse e incomunicación indefinida”.
El documentos detalla los centros de detención mencionados, entre los que se encuentran el conocido como “La Tumba”, sede principal del SEBIN, y el edificio del Helicoide, que iba ser un centro comercial en Caracas y terminó convertido en un centro de torturas.
Ejecuciones Extrajudiciales, Desaparición Forzada y otras formas de Violencia Sexual
Algunos de los testimonios dan cuenta de asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. En particular, el informe hace mención al de un testigo que fue fiscal del Ministerio Publico durante 19 años, y fiscal de Garantías del Estado de Carabbo entre 2015 y el 2017, con Maduro en el poder.
Según relató, en 2015, comenzó la llamada “Operación para la Liberación del Pueblo” donde “se llevaron a cabo 1.700 ejecuciones extrajudiciales”. “Las víctimas se encontraban en su casa durmiendo, las Fuerzas Armadas llegaban y los ejecutaban durmiendo”, contó el ex funcionario, que dijo tener fotos y videos que confirman su testimonio.
Ese testigo mencionó el “Plan Zamora”, operativo llevado a cabo en Carabobo en 2017 en el que “se produjeron arbitrariedades, detenciones ilegales”, y “se produjo la ejecución de Hecder Pérez Lugo”, quien fue baleado en una manifestación de protesta contra el Gobierno venezolano. Según su testimonio, “fue un coronel quien lo ejecuta” y aseguró tener video del momento del asesinato.
Otro testigo describió cómo su hermano fue asesinado por agentes de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), quienes “ingresaron a la vivienda donde residía su hermano con su familia, requisaron la vivienda, se llevaron todos los objetos de valor, apartaron a la esposa y a sus hijos y lo mataron”.
También “algunos testimonios manifiestan tener conocimiento de gente desaparecida y víctimas que fueron “violentadas sexualmente, ultrajadas por las armas de militares”
Respecto de las responsabilidades, los entrevistados apuntaron hacia Maduro y su aparato represivo, y también mencionaron a otros jerarcas de las fuerzas de seguridad. Entre ellos se encuentran el general Néstor Reverol, Ministro de Interior de Justicia, y el general Antonio Benavidez Torres, Comandante General de la Guardia Bolivariana.
En las conclusiones del informe reservado, se advierte que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no es autoridad competente para concluir si los hechos aquí mencionados constituyen o no delitos de lesa humanidad, por ello no se realizan aquí conclusiones de índole sustancial en materia penal. Sin embargo se ha realizado un análisis de los testimonios que declaran hechos que potencialmente pueden constituir crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, pueden ser un aporte útil para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional encuentre fundamento suficiente para abrir una investigación en la República Bolivariana de Venezuela”.
El informe que llevará Garavano a la CPI será además enviado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ex presidenta de Chile, en julio pasado elaboró el llamado “Informe Bachelet”, muy crítico a su vez de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, donde da cuenta del cúmulo de ejecuciones extrajudiciales, y de la grave crisis migratoria que vive se país por las políticas de Maduro.
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Un Nunca Más para el museo de la Corte
El ministro entregará además al museo de la CPI, como presente institucional, un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, un ejemplar del Nunca Más, las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, una serie de fotos del juicio a las Juntas Militares y copias de su sentencia original firmada.
Asimismo, según le adelantó Garavano a Infobae, avanzará en mecanismos de trabajo respecto de los cuatro convenios de cooperación firmados con la CPI por Argentina, “el primer país del mundo en hacerlo”. Se trata del Convenio de relocalización de testigos y de sus parientes cercanos en el territorio nacional, y otros tres vinculados a la ejecución de sentencias y puesta en libertad en Argentina de condenados por la Corte Penal Internacional.
Finalmente, Garavano también se reunirá con Han Moraal, secretario general de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), para intercambiar experiencias respecto a la persecución del crimen organizado.