Distintas organizaciones civiles que desarrollan labores de activismo y promoción de los derechos de la mujer hicieron público un informe titulado “Mujeres al Límite” en el cual dan cuenta como la crisis humanitaria compleja es padecida de forma diferenciada por la mujer venezolana. Los datos son alarmantes pero, lamentablemente, silenciados por la invisibilización a la que es sometida la agenda feminista en nuestro país.
Venezuela muestra, quizá más hoy producto del régimen militar, un acentuado machismo institucionalizado y culturalmente arraigado. Toda una vergüenza, si, pero allí está el dinosaurio y no sirve de nada taparnos los ojos. Las tasa de embarazo precoz en el país es una de las más altas del continente, los anticonceptivos son tan escasos como costosos y la pobreza tiene evidentemente rostro de mujer, ese escenario complejo tiene múltiples efectos, entre ellos, el incremento de los abortos.
Si, vuélvelo a leer, “Abortos”. Y antes que los conservadores criollos se hagan la señal de la cruz y los evangélicos digan “dios te reprenda”, hay que decir que los datos nacionales de 2019 son incontrovertibles: 2.246 mujeres fueron atendidas a consecuencia de abortos clandestinos, de estos, 551 se reportaron en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) y 1069 en la Maternidad del Sur; 69% corresponden a abortos en mujeres mayores de 18 años, 31% a menores de edad, se tiene información de que 4 abortos ocurrieron en niñas menores de 12 años. No solo hay números significativos, también hay casos cuyos rasgos nos hablan de condiciones desesperadas, en 2018 se registraron dos muertes por prácticas de abortos clandestinos muy agresivos: una mujer de 23 años murió por perforaciones en el útero y colon y otra de 33 años por una necrosis en útero por la utilización de una solución jabonosa. Esto en un país donde el aborto es ilegal.
¿Qué sería lo procedente en este instante? Pues deberíamos notar que otros países han aprobado la despenalización del aborto. No solo se trata de reconocer que la mujer debe tener control absoluto de su cuerpo y debe poder decidir cuándo y cómo ejercer la maternidad sino que las mujeres que decidieron abortar igual lo harán sea o no legal y, por tanto, el Estado tiene la obligación de proveer condiciones mínimas de salubridad, respeto y asistencia médica para que un embarazo no deseado no termine por convertirse en una sentencia de muerte.
Se podría decir, como en efecto lo hace el machismo vernáculo “pelo en pecho”: “¿quién las manda a abrir las piernas?, ¡Que asuman su peo!” Pero nos convertiríamos en una versión afeitada de los gorilas. Lo civilizado es comprender que las mujeres enfrenta condiciones de vida muy duras, que toma decisiones muy complejas y que nadie más, salvo ellas, tienen la última palabra sobre sus cuerpos.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica