El expresidente del Gobierno de la región de Cataluña Carles Puigdemont perdió este martes su acceso a la sede del Parlamento Europeo, edificio al que hasta ahora podía acudir como invitado de un eurodiputado, en la primera consecuencia tangible de la orden de detención activada ayer por la Justicia española.
El Tribunal Supremo español condenó ayer a penas de entre nueve y trece años a varios líderes independentistas catalanes por su papel protagonista en un ilegal proceso soberanista en 2017, en un momento en el que el jefe del Ejecutivo regional era Puigdemont, quien escapó a Bélgica y eludió la acción de la Justicia.
El Parlamento Europeo activó la prohibición de acceso a sus edificios para Puigdemont tras “haber tenido conocimiento de la tramitación de una nueva euroorden”, en esta ocasión por los delitos de sedición y malversación, cursada por el magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena.
Se trata de una decisión idéntica a la que tomó la Eurocámara en noviembre de 2017 cuando se estaba tramitando la primera Orden Europea de Detención y Entrega (euroorden) contra Puigdemont, que había huido a Bélgica a finales de octubre de ese año.
Puigdemont accedió al Parlamento Europeo por primera vez en marzo de este año para participarcomo invitado en la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana organizada en la Eurocámara.
No obstante, a partir de este martes y mientras se mantenga la euroorden activa, ya no podrá acceder ni a la sede del Europarlamento en Estrasburgo (Francia) ni a la de Bruselas, donde ya había hecho algunas apariciones públicas durante este año y donde cuenta con simpatizantes de la causa independentista en varios grupos políticos.
El expresidente de la Generalitat hizo dos apariciones públicas durante este martes en Bruselas: en primer lugar en una concentración frente al Parlamento Europeo con una treintena de personas en apoyo a los nueve condenados ayer en España y posteriormente otra ante la Comisión Europea.
A primera hora, Puigdemont reiteró su plena disposición a colaborar con la Justicia belga aunque no confirmó cuándo se entregará a la Policía, previa citación a instancias de la Fiscalía que vaya a hacerse cargo del caso.
“Los abogados están analizando todas las circunstancias y naturalmente como en todas las ocasiones anteriores estamos absolutamente a disposición de la Justicia belga y vamos a esperar la decisión que tomen”, reiteró Puigdemont, quien considera a Bélgica un país con “una clara separación de poderes” y confía en su judicatura.
A su juicio, el cambio de criterio en la tercera euroorden emitida en su contra, que le reclama por sedición y malversación pero no por rebelión, demuestra que en España no hay “garantías” ni “posibilidad de un juicio justo”.
“Sabían que no había violencia, el tribunal lo ha confirmado, pero están haciendo ingeniería procesal. Es la demostración de que tenemos razón, de que no hay garantías, de que no hay separación de poderes ni ninguna posibilidad de tener un juicio justo”, afirmó Puigdemont.
La Fiscalía belga deberá a partir de ahora encomendar el caso a un tribunal, que deberá decidir si entrega a Puigdemont a las autoridades españolas.
Para ello es imprescindible que los delitos por los que se le persigue sean también acciones penadas por la legislación belga, lo que en términos jurídicos se conoce como doble incriminación, al tiempo que el juez debe valorar si hay peligro de vulneración de los derechos del detenido si se produce su entrega, explicó el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert.
Aún cuando el tribunal decida la entrega de Puigdemont, ésta puede ser recurrida ante un tribunal de apelación y, si este le da la razón, también en casación. Esta corte puede después enviar el asunto a un nuevo tribunal, según Bekaert, con lo que el caso podría demorarse varios meses. EFE