Un hematoma, tres dientes flojos y un edema bucal hacían de la sonrisa de Ailyn Salas un gesto torcido. La joven mujer de 21 años no pudo reaccionar cuando su novio le propinó un puñetazo que la envió a la sala de urgencias de una clínica ubicada al este de la ciudad, el 28 de septiembre a las 12:00 am. “Me cayó a patadas, me golpeó en la cara y me dejó sangrando en el suelo hasta que se fue sin importarle nada”. Hoy día su agresor está escondido y es prófugo de la justicia.
Por Betania Franquis / Crónica Uno
Mientras ella acude a la Fiscalía, Rosaura Guzmán de la misma edad se prepara para abandonar su casa ubicada en el caserío Los Llanitos a pocos kilómetros de Ureña, estado Táchira. En un pequeño maletín carga con lo indispensable para sobrevivir junto con su hijo de 3 años de edad y abandonar el hogar que comparte con quien ha sido su pareja y agresor por un año. Magullada y dolorida con una herida abierta en el muslo—a causa de la última paliza— Guzmán se apresura a escapar antes que su maltratador regrese para matarla a ella y a su hijo. Por primera vez, está decidida a denunciar ante los órganos de justicia y no ceder a los chantajes de su pareja, que sigue acosándola.
Aunque Salas y Guzmán cuentan con el apoyo de sus amigos y familiares para romper el ciclo de la violencia y denunciar ante los órganos de justicia, no todas hablan a tiempo y logran sobrevivir. Hasta este 30 de septiembre, la organización Cotejo Info, contabilizó 311 asesinatos de mujeres en todo el país. De esa cifra 23 tuvieron por móvil las discusiones de pareja, el abuso o la explotación sexual y los celos, una cifra que no se diferencia mucho a la del año 2018, en el que se confirmaron 18 casos de 333 homicidios. Datos aportados por el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), revelan que 90% de estas muertes ocurren en el ámbito privado a manos de la pareja o los familiares.
Aunque el femicidio y la inducción al suicidio están tipificados desde el año 2014- como crímenes motivados por el odio o desprecio a la condición mujer—en la legislación venezolana con la reforma de la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia aprobada en la Gaceta Oficial Nº 38.668— el número de casos sigue en aumento. Hoy día, en Venezuela los femicidios se sitúan 10% por encima de la tasa mundial, lo que posiciona al país en la lista de las 15 naciones con más casos en el mundo a la par de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, de acuerdo con datos de la Organización Mundial para la Salud.
Nuevos modus operandi en el contexto migratorio
Para Ofelia Álvarez Cardier, presidenta de la Fundación para la Prevención de la Violencia contra la Mujer (Fundamujer), la exacerbación de la violencia en el hogar y otros ámbitos se agrava por la falta de educación ciudadana, las falsas creencias y el miedo a denunciar. Sin embargo, en los últimos años desde que comenzó la crisis político social que obligó a 4,3 millones de venezolanos a emigrar según cifras de la Organización de Naciones Unidas, se suma el surgimiento de nuevas modalidades delictivas que socavan los derechos de las mujeres y que se han promovido en el contexto de la emergencia humanitaria compleja.
La trata de personas, la esclavitud sexual, el alquiler ilícito de vientres, la práctica del aborto ilegal con fines lucrativos y la extorsión a través de las redes sociales y las plataformas de mensajería con fines comerciales son algunos de los nuevos casos—que a juicio de Álvarez— engrosan la lista de agresiones que es cada día más amplia. Aunque este no es el caso de Aylin, la joven asegura que no habían transcurrido ni dos horas el día que fue golpeada cuando su pareja le envió varios mensajes de texto en los que la coaccionaba a no denunciar y la culpabilizaba por lo sucedido.
“Varias veces me había gritado hasta que un día reventó el vidrio de mi carro y me sacó a la fuerza. Fue la primera vez que me pegó y quedé en shock, no creí que él me haría algo así”, relata Aylin Salas a pocas horas de salir del consultorio odontológico, donde fue sometida a una reconstrucción dental y reposicionamiento de dientes. Ahora luego de llevar una férula, Salas apenas puede reconocer un rastro de lo que fue su dentadura original. Aún le falta un tratamiento de conducto y otros procedimientos cotizados en dólares.
La historia de Rosaura tampoco dista de lo que Álvarez observa a diario en su consultorio en el que atiende de 4 a 2 mujeres en la sede del Centro de Estudios para la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Luego de ser golpeada y torturada repetidamente por su pareja, Guzmán se animó a pedir la ayuda de una vecina al ser amenazada de muerte durante una discusión. Ese día su agresor la empujó por unas escaleras y le dio el ultimátum. La severidad de sus lesiones y el bienestar de su hijo le infundieron valor para hablar.
Pese a que historias como la de Aylin y Rosaura se repiten cada día, apenas 30% de las denuncias son definitivas, indica Álvarez. A menudo la víctima se arrepiente de denunciar o carece de la valentía para dirigirse a las instancias receptoras, otras desconfían del sistema de justicia venezolano o abandonan el proceso; y no sin cierta razón. El Ministerio Público en su Informe Anual correspondiente al 2014 señalaba que hubo un total de 70.763 causas ingresadas. De esos casos asociados a la violencia de género, se realizaron 482 juicios, lo que significa que solo 0,7% llegaron a la sentencia. En la actualidad no se disponen de balances oficiales para establecer comparaciones, pero cálculos extraoficiales apuntan que 3 de cada 10 asesinatos son causados por el odio hacia el género femenino.
Atrapadas en la espiral de la violencia
La brecha entre las denuncias y el reducido número de sentencias, desmotiva a las víctimas y son una traba. Esa circunstancia para los expertos se refleja en la perpetración del femicidio, el punto culminante de una espiral violenta que suele comenzar en el noviazgo.
Álvarez apunta que la agresividad se manifiesta a través de los celos, el chantaje, la dominación y la sobreprotección. Al inicio de la relación el maltratador suele mostrarse atento, amable y seductor, pero es solo una fachada. “Cuando comienzan las agresiones y las descalificaciones las mujeres no las identifican. Al ser golpeadas quedan paralizadas por el miedo”, dijo. Una vez que se intensifica el maltrato físico, verbal o sexual, la víctima pierde su autoestima y se siente minimizada e inútil, por lo que queda atrapada en una relación de dependencia con su agresor.
La psicóloga social destaca que, en relaciones abusivas de larga data, las víctimas desarrollan un comportamiento de resistencia que las lleva a negar la situación o defender a su maltratador. “Te dicen que su agresor es buen padre o hacen otras salvedades para justificarlo. Están deprimidas y pierden el concepto de sí mismas”, señaló.
La tendencia a la violencia no distingue de raza, credo, grado de instrucción o condición social. La experta explica que la violencia dirigida hacia la mujer está infundada en las falsas creencias que se atribuyen a los estereotipos de género y que están arraigados en los individuos desde la crianza. Algo que se evidenció cuando el caso de Aylin se popularizó en Twitter donde circularon las fotografías de sus lesiones y el que llovieron mensajes de solidaridad, pero también críticas y señalamientos por parte de los usuarios.
“Dijeron que me merecía lo que me pasó y que soy una mantenida. Nada de eso es cierto”, señala la joven que se dedica a vender joyería y que en unos meses comenzará a cursar Estudios Internacionales en la Universidad Santa María. La mitificación que existe en torno al papel de hombres y mujeres también predomina entre los funcionarios y personal encargado de recibir y tramitar las denuncias en los organismos públicos. “Conozco casos de mujeres que han ido a denunciar y son acosadas sexualmente por los funcionarios”, destacó Álvarez Cardier.
La violencia en el hogar: un círculo sin fin
Gilberto Aldana Sierralta, director de servicio de Psicología y Psiquiatría del Hospital Vargas, insiste en la importancia de interrumpir el círculo de la violencia desde el hogar. Insta a los padres y madres a no incentivar los prejuicios asociados a los roles de género en los niños, entre los destaca el machismo y el hembrismo, dos corrientes adversas que esgrimen la superioridad de un sexo sobre otro.
Aldana señala que el maltratador es inseguro y comienza a ser agresivo desde la infancia cuando comete actos violentos contra sus hermanas o compañeras de estudio con gritos o golpes. La afectación dejada por la violencia en la primera etapa de la vida. De 90 consultas diarias que se atienden en el servicio de psicología del hospital Vargas 18 están asociadas a la violencia de género en el hogar y otros escenarios donde la violencia puede ser ejercida por figuras de autoridad e incluso por otras mujeres. Entre estas modalidades destaca la violencia obstétrica, patrimonial, económica y sexual.
“Los niños que vieron como sus madres han sido asesinadas por la pareja manifiestan conductas depresivas y violentas hacia la mujer. Mientras que las mujeres que de niñas tuvieron padres maltratadores eligen parejas violentas en el futuro. Es una muerte psicológica”, asegura Aldana.
El Estado en deuda con las víctimas
Dorennys Angulo, abogada y directora de la organización Éxodo, coincide con Aldana y desmonta el origen de la violencia relacionada con los pilares de la construcción sociocultural entre lo que significa ser hombre o mujer. “El agresor maltrata para sancionar a aquella persona—sea su pareja o no— que se aleja o transgrede los patrones del género. Ese es el detonante de la violencia”. La abogada señala que el femicidio puede ser directo cuando es cometido por el esposo, cónyuge, ex cónyuge o una persona con la que se haya mantenido una relación afectiva o sexual e indirecto cuando lo perpetra una persona con la que no se mantuvo ningún vínculo afectivo.
La investigadora explica que la Ley Orgánica por una Vida libre de Violencia es justa, pero existen trabas que en un contexto de violencia institucional entorpecen el proceso de denuncia y desmotivan a las víctimas a acudir a los órganos de justicia. El primer obstáculo es la toma de la denuncia en las instituciones receptoras. “Hay resistencia a tomar la denuncia por los prejuicios socioculturales. Los funcionarios no consideran las agresiones contra la mujer crímenes de mayor significación”, dijo.
También es frecuente la revictimización, en la que se le achaca la culpa a la víctima. La dependencia económica de las mujeres con sus parejas suele influir al momento de denunciar. “A muchas les preocupa más no tener qué comer al día siguiente y siguen soportando el maltrato”, asegura.
En materia de protección, el Ejecutivo incumple con los previsto en el capítulo III de la norma en el que el Estado se compromete a garantizar albergue a las mujeres en peligro de muerte inminente. De las casas de alojo no hay rastro. Producto del deterioro y la falta de inversión los centros de acogida que existían —en Maracay, Sucre, Caracas y Miranda— ya cerraron o fueron destinados a otras actividades. “Los sitios de albergue que dependen del Instituto Nacional para la Mujer ya no tienen capacidad operativa para recibir a las víctimas de violencia de género que necesitan que se les preserve la vida”, dijo.
El desmantelamiento de la red institucional también hace mella en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) un organismo creado en el año 1999 como ente ejecutor de las políticas públicas con perspectiva de género, una misión que está lejos de cumplirse. Allí se recibieron desde 1 al 16 de septiembre un total de 145 reportes de violencia de género, aseguró al equipo de Crónica.Uno una de las trabajadoras del centro. Sin embargo, muy pocas reciben una respuesta oportuna. “Por ahora remitimos a las policías comunales donde toman la denuncia y se ofrecen medidas conciliatorias”, indicó. El acceso a la atención psicológica y legal está limitado a casos en proceso de averiguación. Una medida que suele llegar a destiempo en los casos más graves.
Ante estas irregularidades surge el feminicidio, un concepto que hace alusión a la responsabilidad del Estado en los delitos de lesa humanidad que reúnen crímenes, secuestros y desapariciones de mujeres y niñas, en un contexto de colapso institucional. Un término que, según Ángulo, hace referencia a la omisión estatal en países como México y que por tanto no se adapta a Venezuela. “Hace falta hacer una revisión del personal en nuestras instituciones y muchas campañas de prevención y formación. Pero lo más importante es observar en manos de quien se está dejando la investigación”, insiste.
Mientras el caso de Aylin sigue en proceso de investigación, Rosaura se moviliza a desde Táchira a Caracas para dirigirse a la Fiscalía. Ahora ya no oculta su cuerpo y por primera vez se atreve a mostrar los hematomas que incriminan a su agresor. Tiene fe en la justicia, aunque tal vez tarde en llegar.
*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas*