La ola de protestas contra la polémica reelección de Evo Morales escala en Bolivia, donde el gobierno propuso este martes al candidato opositor Carlos Mesa sumarse a una auditoría internacional de la elección presidencial para intentar detener la violencia callejera.
Luego de una jornada que dejó al menos 30 heridos, entre ellos algunos de bala, el vicepresidente Álvaro García propuso a Mesa, el “candidato perdedor, que se sume a la auditoría” de los comicios del 20 de octubre que estará en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mesa, un centrista que ya fue presidente entre 2003 y 2005, afirmó poco después que sólo aceptará la auditoría “si (Morales) está dispuesto a no aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoral” mientras se realice la auditoría y si le reconocerá un “carácter vinculante”.
La respuesta llegó poco después a través del ministro de Cominicación, Manuel Canelas: “Nosotros nos sometemos a lo que concluya la auditoría”.
García detalló que la auditoría, que fue acordada la semana pasada por el gobierno y la OEA y que aún no tiene fecha, será acompañada “por México, Paraguay y Perú”.
El pedido para que Mesa acepte la auditoría se produjo después que Morales acusara que seguidores del exmandatario pretendían cercar este martes el despacho presidencial en el marco de las protestas iniciadas la semana pasada en gran parte del país para denunciar un fraude electoral.
La oposición “ha decidido concentrarse y cercar la Casa Grande del Pueblo”, como llama Morales a la Casa de Gobierno, alertó el mandatario la noche del lunes ante una multitudinaria concentración de trabajadores y campesinos, que festejaron su triunfo electoral en El Alto, ciudad vecina de La Paz.
Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de “golpe de Estado” en su contra que, según dijo el domingo, la oposición había decidido ejecutar como máximo este martes.
Mesa, que pide la anulación de las elecciones, rechazó esas acusaciones y desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz: “Aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia”.
“Mañana (martes) estaremos en el paro aquí (en La Paz), en Santa Cruz, en Cochabamba y en todo el país. Aquí estamos, no nos rendimos”, manifestó Mesa, de 66 años.
El líder derechista del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aliado de Mesa, llamó también a continuar una huelga, con cortes viales y manifestaciones callejeras, que se inició el miércoles pasado.
“Cercar” La Paz
Los opositores cuestionan el escrutinio de los comicios del 20 de octubre, que inicialmente anticipaba un balotaje, pero que tras un silencio de 20 horas en el conteo rápido de votos anunció unos resultados que presagiaban una victoria de Morales en primera vuelta, lo que generó sospechas y suspicacias. La autoridad electoral terminó confirmando el triunfo del presidente días después.
En La Paz, manifestantes opositores bloquearon calles y chocaron con agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas llegados para cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y cortar el suministro de alimentos y la provisión de agua potable.
“Estamos haciendo un llamado para que nuestras bases vengan y (…) aumentemos este cerco. Nosotros no vamos a aceptar que haya un golpe de Estado. Vamos a defender la democracia, el respeto al voto indígena, campesino, intercultural, contra el racismo”, sostuvo Henry Nina, líder sindical oficialista.
Los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a los opositores para abandonar la protesta.
Los cortes de calles más drásticos son en la zona sur de La Paz, donde habita la clase media y alta, mayoritariamente contraria a Morales. Ahí también se exacerbó la pugna racial, en un país donde las familias más pobres son indígenas.
“Las clases pudientes están enarbolando sus verdaderas luchas”, afirmó Manuel Morales, de la influyente plataforma Conade, que agrupa a personalidades como el rector de la universidad estatal, Waldo Albarracín, o el exdefensor del Pueblo Waldo Villena, y organizaciones políticas de oposición, principalmente centristas.
“A la larga, lo que se va a imponer es este movimiento nacional de defensa de la democracia”, señaló el líder del Conade.
De su lado, el ministro de Interior, Carlos Romero, dijo que los llamados de Mesa “para tomar las instituciones públicas, para desalojar al gobierno” constituyen una “convocatoria al golpe de Estado”.
“Antes los golpes de Estado eran con militares, (ahora son) institucionales”, aseguró.
La misión de observadores de la OEA, la ONU y la Unión Europea habían manifestado su apoyo a la realización de un balotaje para zanjar las diferencias.
AFP