El Tribunal Constitucional de Perú admitió el martes una demanda para definir si el presidente Martín Vizcarra se excedió en sus poderes al disolver el Congreso, un proceso que podría demorar meses y reavivar una reciente crisis política en el país.
La decisión de admitir a debate la demanda presentada por el líder del Congreso disuelto -de mayoría opositora- fue unánime por parte de los siete miembros del Tribunal Constitucional, dijo a periodistas el presidente del organismo, Ernesto Blume.
El fallo será remitido al Poder Ejecutivo para que en un plazo de 30 días “conteste a la demanda de acuerdo a su derecho a la defensa”, agregó Blume.
Anteriormente, al menos dos miembros del tribunal dijeron que el proceso podría demorar hasta tres o cuatro meses.
Pero Blume sostuvo que la máxima corte constitucional rechazó detener los efectos del cierre del Congreso anunciado el 30 de septiembre, como unas elecciones legislativas ya programada para el 26 de enero.
Vizcarra, un político centrista, cerró el Congreso tras una larga pugna con la oposición, una decisión que fue respaldada por las fuerzas armadas y la población, que se manifestó en las calles contra el desacreditado Parlamento.
La demanda ante el tribunal fue presentada por Pedro Olaechea, expresidente del Congreso y ahora líder de la Comisión Permanente del Parlamento disuelto, una instancia con solo roles administrativos hasta la elección de una nueva cámara.
La disolución fue rechazada por legisladores liderados por el partido Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien está presa y es investigada por presunto lavado de dinero que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del 2011.
El cierre del Congreso no ha recibido la condena de ninguna institución pública u organismo internacional, pero la Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió que el Tribunal Constitucional de Perú podría pronunciarse para acabar con la controversia legal en torno a lo hecho por Vizcarra.
La decisión del mandatario, que ha catapultado su popularidad a niveles máximos, fue detonada por la aprobación por parte del Congreso unicameral del nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime entre otras cosas los conflictos entre poderes del Estado.
Reuters