La Constitución vigente establece que el salario debe equivaler el costo de esa canasta alimentaria, de manera tal que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades alimenticias y la de su familia. Pero en los hechos esto no sucede, porque una cosa puede ser lo que diga una ley y otra muy distinta la realidad económica del país. Desde esta columna, hemos venido expresando nuestra preocupación por el hecho que el trabajador está desamparado al no existir ningún mecanismo que le compense lo que el régimen le quita con la hiperinflación. Resulta pertinente recordar que la inflación es un impuesto que tácitamente cobra el gobierno a los que mantienen moneda nacional, en este caso el bolívar. De esta forma, la inflación es una forma de financiarse el gobierno a costa de deprimir el poder de compra del ingreso de quienes trabajan.
Por tanto, estamos obligados a hacer un planteamiento encaminado a darle al trabajador una alternativa de lucha para que se defienda del régimen. Claro está, que todo pasa por diseñar y aplicar un programa para acabar con la hiperinflación, lo que se traduce en un arreglo fiscal que impida que el fisco financie su déficit recurriendo a la emisión de dinero. Pero también es fundamental asegurar la estabilidad de la tasa de cambio, para evitar esas recurrentes devaluaciones del bolívar con el objeto de extraer recursos del bolsillo de los venezolanos. En la situación de bancarrota en que se encuentra Venezuela, solamente con una política petrolera agresiva de aumento de la producción con inversión nacional y extranjera y un programa masivo de financiamiento y donaciones del exterior, puede recuperarse la economía y los salarios. Entre tanto, los trabajadores deben luchar por alcanzar un mecanismo de compensación salarial, con base en la canasta alimentaria, que permita proteger su salario y comer decentemente.