La popular investigación anticorrupción Lava Jato inspiró guiones de cine y televisión en Brasil, pero últimamente acumula reveses que la privaron de algunas de sus principales armas y hacen tambalear en su pedestal a sus principales “héroes”, los fiscales de Curitiba y el exjuez Sergio Moro.
Su mayor derrota la sufrió este mes, cuando una docena de condenados de Lava Jato, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, recuperaron su libertad gracias a una alteración de las reglas de aplicación de penas, decidida por el Supremo Tribunal Federal (STF).
La máxima corte decidió que nadie puede ir a la cárcel antes de agotar sus recursos ante las cuatro instancias del sistema judicial brasileño, a menos que represente un peligro público o que haya un riesgo de obstrucción del proceso o de fuga.
La operación que desde desde 2014 condenó a decenas de empresarios y políticos implicados en una red de sobornos para obtener contratos en Petrobras se vio así privada de dictar penas de prisión después de una condena en segunda instancia, una de sus principales armas en un país donde los procesos suelen eternizarse.
Esa decisión debilitará además la eficacia de las “delaciones premiadas”, otra de sus herramientas favoritas, “dado que los acusados que optan por delatar lo hacen ante el riesgo de ser encarcelados”, subraya el jurista Michael Mohallem, de la Fundación Getúlio Vargas.
Mohallem niega que la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil, con ramificaciones que provocaron convulsiones políticas en Perú y Ecuador entre una decena de países, esté amenazada de muerte, pero reconoce que “las últimas decisiones del Supremo pueden dar esa impresión”.
La operación, que nació en Curitiba (sur), “ya se diseminó por varios estados [brasileños] y tiene ramificaciones que permanecen inalteradas”, explica.
– Un exjuez cuestionado –
Lava Jato puede encajar un golpe aun mayor, si el STF decide próximamente que Moro dictó la primera condena contra Lula para sacarlo de la contienda de las presidenciales de octubre pasado, ganadas por el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Esa “sospecha” surgió cuando Bolsonaro designó a Moro ministro de Justicia; y se vio reforzada en junio con la publicación por el portal The Intercept Brasil de mensajes hackeados que dan señales de una connivencia indebida entre los fiscales y Moro.
Para el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, las “élites” económicas y políticas que se vieron amenazadas por Lava Jato buscan ahora “vengarse”.
“Estamos en la fase del revanchismo (…) para cambiar las reglas de Lava Jato y cortar la cabeza de sus líderes”, dijo Dallagnol en una entrevista con la AFP a fines de septiembre.
Los detractores de Lava Jato afirman que la cruzada contra la corrupción debilitó la garantía de presunción de inocencia, destruyó el sistema político, favoreció la victoria de Bolsonaro y arruinó a empresas que garantizaban miles de empleos, en plena recesión económica.
Entre ambas posiciones, hay quienes piensan que Lava Jato cambió una cultura permisiva o resignada ante la corrupción y que ahora se trata de poner límites al “lavajatismo militante”.
“El STF percibió que Lava Jato tenía demasiado poder. Pero su legado histórico va a permanecer: en el sector de la construcción y en Petrobras hay mucho menos corrupción que antes”, afirma Manoel Galdino, director ejecutivo de la oenegé Transparencia Brasil.
– La OCDE, preocupada –
Las derrotas de Lava Jato no solo benefician a Lula.
En marzo, el STF decidió que los casos de financiación ilegal de campañas eran de la órbita de la justicia electoral y no de la justicia común, que trata denuncias de corrupción, aliviando a muchos excandidatos bajo sospecha.
En julio, el presidente del STF, Dias Toffoli, suspendió las investigaciones basadas en informaciones sobre movimientos financieros obtenidas sin autorización judicial.
Esa cautelar fue solicitada por la defensa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del jefe de Estado, sospechoso de integrar un sistema de desvío de salarios en la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro.
En septiembre, la Cámara aprobó una “Ley de abuso de autoridad” que prevé sanciones, incluyendo la prisión, para jueces que recurran de manera injustificada a las prisiones preventivas o presionen a sospechosos para obtener acuerdos de delación premiada.
Las dos últimas medidas alarmaron a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que la semana pasada urgió a Brasil a “cesar inmediatamente las amenazas contra la independencia y la capacidad de las autoridades públicas para combatir la corrupción”. AFP