Se hace cada vez más evidente como el estado tiene como estrategia limitar o minimizar, cada día los derechos y competencia de los ciudadanos.
Por: Vicente Brito
A lo largo de todos estos 20 años desde que se aprobó la nueva Constitución en diciembre de 1999, muchos de los derechos constitucionales establecidos en el texto legal vigente, han sido desconocidos en las distintas disposiciones llevadas adelante por parte del Estado.
Podemos observar como uno de los más consagrados como son los derechos de propiedad, no son acatados y se sigue la política de afectaciones o invasiones que parecen nunca acabar. A pesar de que la casi totalidad de las empresas y fincas tomadas, desmejoraron casi de inmediato al pasar a manos públicas y estás se sostienen con la asistencia financiera que les da el estado. Estimándose que esos montos para este año superan el presupuesto asignado a las Universidades Nacionales o el de Gobernaciones y Alcaldías. Causando a la vez mayor inflación al estos recursos para cubrir sus pérdidas provienen del dinero inorgánico que el Banco Central le da al gobierno para cubrir el déficit fiscal.
Una de las disposiciones que origina más angustias en los ciudadanos es el Censo Inmobiliario causado por los anuncios efectuados por dirigentes del partido oficial a lo largo y ancho del país, que las casas y apartamentos desocupados serán adjudicados a través de un programa denominado “ubica tu casa”. Ya se han recibido denuncias de ocupaciones de viviendas en las últimas semanas por grupos identificados con el sector oficial.
Por estas razones la Red considera que este censo Inmobiliario, constituye una afectación de los derechos ciudadanos, al contemplar sanciones a quienes no den las informaciones solicitadas. Lo cual es antagónico a la normativa constitucional vigente. Razones por las cuales solicitamos un recurso de amparo ante el tribunal Supremo de Justicia para proteger los derechos de los propietarios de estos inmuebles.
Hoy nos corresponde a los ciudadanos asumir posiciones firmes en defensa de nuestros derechos, para evitar que el estado nos siga limitando los mismos.
Es nuestro deber como Ciudadanos y Venezolanos. Por lo cual el estado debe asumir su rol como garante de nuestros derechos y no el que los interpreta y aplica a su conveniencia.