Human Rights Watch (HRW) ha pedido a la comunidad internacional que intensifique sus esfuerzos para que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, rinda cuentas ante la justicia por el uso de tácticas represivas para impedir huelgas de hambre en su país.
Por Europa Press
HRW se refiere específicamente al caso del pasado 14 de noviembre, cuando un grupo de madres de detenidos en el contexto de la represión de 2018 inició una huelga de hambre en el interior de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, para exigir la liberación de sus hijos y otros 130 detenidos. “Más tarde ese mismo día, miembros de la Policía Nacional rodearon la iglesia y amenazaron a las madres, impidieron el ingreso al edificio e interrumpieron el suministro de agua potable y electricidad”, explica HRW citando a fuentes locales.
“Atacar a madres en huelga de hambre que reclaman la liberación de sus hijos detenidos y a activistas que les dan agua muestra hasta qué punto Ortega y su policía están dispuestos a llegar en su arremetida contra opositores”, ha denunciado el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco.
Perseguir a madres en huelga de hambre y a quienes solidarizan con ellas muestra hasta qué punto Ortega y su policía están dispuestos a llegar en su arremetida contra opositores. Es clave imponer sanciones dirigidas a altos funcionarios. https://t.co/SS5dMS2FBt
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 23, 2019
“Las prácticas del gobierno no van a cambiar mientras el gobierno de Nicaragua crea que sus abusos gozan de impunidad. Es crucial que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea actúen con prontitud para ampliar las sanciones individuales para que alcancen al mismo Daniel Ortega y a personas clave en su círculo de colaboradores directos”, ha añadido.
Según la madre de uno de los detenidos, trece activistas fueron acusados de delitos vinculados con tenencia ilegal de armas, se dispuso su prisión preventiva y se les negó el derecho a hablar con familiares o consultar en forma privada a abogados.
Estas tácticas se repitieron cuatro días después. El 18 de noviembre, un grupo de madres y varios familiares de detenidos empezaron una segunda huelga de hambre en la Catedral de Managua, para expresar solidaridad con el grupo en Masaya y exigir la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas.
En ese momento, y según diversas fuentes locales, una turba oficialista ingresó en la catedral y sembró el caos, al insultar a los huelguistas y agredir a los presentes con piedras. Las madres interrumpieron la huelga un día después debido a su delicado estado de salud.
A día de ayer todavía continúa la huelga de hambre en Masaya, entre el temor por la salud de los huelguistas, que siguen sin acceso a medicamentos y sin recibir atención médica, según informa HRW citando fuentes de “plena confianza”.
La ONG recuerda además que la represión de las protestas por el Gobierno nicaragüense durante 2018 dejó un saldo de al menos 328 muertos, así como miles de heridos y cientos de personas capturadas y detenidas con arbitrariedad.
Muchos de los detenidos sufrieron torturas y otros maltratos _como descargas eléctricas, palizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual_ a manos de miembros de la Policía Nacional, que en algunos casos actuaron en forma coordinada con bandas armadas partidarias del gobierno. El Gobierno de Ortega también ha actuado específicamente contra líderes de la sociedad civil y periodistas independientes.
HRW reitera, para terminar, su petición para que se impongan sanciones específicas contra Ortega, su ex directora de la Policía Nacional, la general retirada Aminta Granera, así como a su sucesor, Francisco Díaz, entre otros altos responsables.