El estudiante colombiano Dilan Cruz de 18 años, murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con “múltiples perdigones de plomo”, señala el informe forense divulgado este jueves que consideró el caso como “homicidio” violento.
“Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo”, detalló la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, en una declaración a la prensa.
Cruz se convirtió el lunes pasado en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano, dos días después de caer herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de esa institución, durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá.
La funcionaria explicó que los elementos que estudió el equipo de Medicina Legal, conformado por especialistas forenses, hacen parte de “un cartucho de carga múltiple, munición de impacto” del tipo “Bean Bag”, una bolsa de perdigones de plomo.
“Los informes de necropsia y balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el día de hoy”, añadió.
El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, informó ayer que el caso de Cruz está en manos de la Procuraduría (Ministerio Público), que aplicó “el poder preferente” para ocuparse de la investigación.
Al respecto, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dijo a periodistas antes de que se conociera el dictamen forense que el Ministerio Público está verificando si “los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz”.
El funcionario señaló que este caso debe ser “irrepetible” y puso como ejemplo a Chile, donde la crisis social ha dejado ya al menos 23 muertos, de los que seis fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado a los que organismos internacionales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las protestas.
La acción represora observada por organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) contempla abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas.
“Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile tras 41 días del inicio de las protestas sociales”, manifestó Carrillo.
Cruz fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, luego de ser herido por la Policía.
Desde ese día, miles de participantes en las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, se congregaron frente al hospital como homenaje al joven estudiante, convertido en símbolo del rechazo a la violencia policial.
EFE