La Fiscalía General de la República envió una comisión a Tumeremo para investigar el caso de las muertes y desaparecidos de 42 indígenas, con el resultado de un ultimátum del Comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís, quien dio como fecha límite el 20 de diciembre para que sean desalojadas las minas.
Este miércoles en horas de la mañana se presentó la comisión de Fiscalía que investiga unos pozos de la muerte donde presuntamente estarían enterrados los cuerpos de un grupo de jóvenes desaparecidos.
El martes en horas de la tarde los funcionarios llegaron de Caracas, enviados por la Fiscalía General de la República, para investigar la denuncia que desde hace más de cuatro meses realizan madres, esposas, hermanas, hijas y familiares en general de un grupo de jóvenes que laboraban en la mina que desaparecieron, luego que efectivos militares de Fuerte Tarabay los detuvieron.
El pueblo de Tumeremo se levantó con mucha agitación. Desde temprano los familiares, amigos y comunidad en general tomaron los alrededores de la plaza Bolívar e inclusive camiones llenos de mineros actuaron como escoltas de la comisión de fiscalía enviada desde Caracas que estaba resguardada por la GNB, el Cicpc y funcionarios de diversos cuerpos de seguridad.
Después de tanto recorrer calles con pancartas, protestar a las puertas de la fiscalía superior del estado Bolívar, frente a los tribunales de justicia de Ciudad Guayana, lograron ser escuchadas las familias de estos jóvenes y desde la capital de la república enviaron a quienes tienen la labor de encontrar los cuerpos de estos desaparecidos.
Las autoridades de Fuerte Tarabay estaban muy nerviosas por la situación y por la presión de los altos mandos de Caracas y algunos de los uniformados, cuando los comisionados salieron para la mina La Iguana salieron a la calle a tratar de amedrentar a los mineros que estaban en los alrededores de la plaza Bolívar, esperando resultados.
Desde el principio también se dijo, según testigos, que funcionarios del Sebin Bolívar participaron en dicha masacre y algo de cierto debió haber habido porque después de eso, el cuerpo de seguridad fue intervenido y la mayoría de sus funcionarios cambiados o dados de baja de manera deshonrosa.
ORDEN DE DESALOJO
El Comandante de Fuerte Tarabay, de apellido Solís, dijo que los mineros tenían una orden de desalojo hasta el 20 de diciembre, y que de lo contrario tomarían medidas extremas, de no hacerlo , tratando de amedrentar a los mineros que estaban en los alrededores de la plaza Bolívar, esperando resultados, y que dichas palabras solo han provocado malestar entre los mineros.
Nota de prensa