La creación del Banco Central de Venezuela fue anunciada por el presidente Eleazar López Contreras (1883-1973) en el histórico Programa de Febrero de 1936. Fue una de las ideas centrales de quien poco después sería su ministro de Agricultura y de Hacienda: el economista merideño Alberto Adriani (1898-1936), quien desde su natal Zea había propuesto en su ensayo “La crisis, los cambios y nosotros” (1931):
“Un Banco Central de Emisión, para el cual se aprovechara nuestra propia experiencia y la de otros países, y que siguiera los mejores modelos, podría dar mayor solidez, y al mismo tiempomayor flexibilidad, a nuestro sistema monetario, y permitir la unidad y la efectividad del control sobre la tasa de descuento y sobre nuestro cambio.”
Cuando el presidente López presenta a la nación su Programa de Febrero,no existía un Instituto Emisor. Quienes emitían monedas y billetesy formaban la base y la liquidez monetarias, eran bancos privados. Venezuela fue de los últimos países latinoamericanos y del mundo en constituir su banco central; Colombia lo tenía desde 1923.
López Contreras, artífice de la transición democrática en Venezuela, encargó al abogado Manuel R. Egaña, ministro de Fomento, dirigir los trabajos de la comisión presidencial responsable de elaborar el proyecto de Ley y proponer su estructura organizacional. Estadistas de renombre, como los Dres. Gumersindo Torres, exministro de Fomento y primer contralor general de la Republica, y Gustavo Herrera, exministro de Finanzas, y el Lic. Xavier Lope-Bello formaron parte de dicha comisión. El Dr. Egaña evaluó detalladamente las leyes del ramo en diversos países del mundo y estudió los trabajos académicos de renombrados expertos banco-centralistas. El gobierno nacional presentó el proyecto de Ley al Congreso Nacional, el cual fue ampliamente discutido y sancionado, y el 8 de setiembre de 1939, el presidente López firmó su ejecútese.
Se suscitó un encendido debate nacional sobre la pertinencia de fundar un Instituto Emisor estatal (de los primeros debates democráticos del siglo XX). Banqueros prestigiosos, como don Henrique Pérez Dupuy, se opusieron vehementemente, con sólidos puntos de vista. Los banqueros abrigaban el temor, no infundado, de que la emisión de dinero sin respaldo por parte de un gobierno urgido por financiar sus déficits fiscales, ocasionaría en el futuro una ola inflacionaria que diera al traste con el valor de la moneda. Argüían, que la banca privada estaba mejor dotada para proteger a los ahorristas, evitar la inflación, salvaguardar la moneda, garantizar la estabilidad monetaria y estimular el desarrollo económico de la nación. El sistema de pagos de un país, argumentaban, no podía estar a merced de las prioridades políticas de cualquier gobierno de turno.
Reconocidas instituciones financieras, como el Banco Caracas, el Banco de Fomento Comercial de Maracaibo, el Banco de Maracaibo, el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco Venezolano de Crédito y el Banco de Venezuela hicieron pública su oposición a la iniciativa en el marco del naciente Estado de Derecho garantizado por el gobierno del general civilista después de 27 años de dictadura gomecista. El Dr. M.O. Romero Sánchez interpuso una demandad de nulidad de la Ley del Banco Central ante la Corte Federal y de Casación (Corte Suprema de Justicia) y desplegó una aguda campaña en la prensa nacional y ante el Parlamento en contra de la Ley.
Un año y tres meses después, la Corte Federal declaró sin lugar la demanda, el 20 de diciembre de 1940. Los bancos demandantes acataron el fallo judicial y retiraron los billetes y monedas en circulación, vendiendo también sus reservas de oro al nuevo Banco Central de Venezuela. Dos bancos, el Venezolano de Crédito y el Venezuela, prescindieron de sus monedas y billetes; pero se negaron a entregar su oro y el litigio duró hasta 1956, cuando se dirimió a favor de la nación.
Este proceso judicial es demostrativo, no sólo del respeto por el Estado de derecho que durante su mandato practicó el estadista tachirense, sino de las bondades que se derivan del acatamiento del principio de legalidad en un país civilizado, conforme al cual las partes en litigio se sienten seguras ante un Poder Judicial independiente y autónomo, al confiarle la resolución de una materia de tanta trascendencia tanto para los banqueros demandantes como para la República.
En otro ejemplo de republicanismo, 25 años después, el exministro Manuel R. Egaña declinó vender un pequeño lote de acciones en el capital social del Banco Central de Venezuela, cuando, durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), se estatizó en un 100% el Instituto Emisor, cuyo capital estaba integrado por un nutrido número de venezolanos. Fue un gesto simbólico del fundador del BCV para proteger la autonomía del BCV y subrayar su aprensión ante la posibilidad de que cualquier gobierno pudiera tomar decisiones de carácter político-partidistas y no aquellas que respondieran a una sana política monetaria dirigida a contener la inflación y proteger el valor de la moneda.
@lxgrisanti