La nacionalización de la Distribuidora Nicaragüense de Petroleo S.A. (DNP), que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, y que acaba de ser sancionada por Estados Unidos, “es un robo al Estado” de Nicaragua, consideró este domingo un político opositor.
La denominada “Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense”, presentada por Ortega con carácter urgente y aprobada por el Parlamento con los votos de los sandinistas y sus aliados, no establece el monto que pagará al Estado a DNP, advirtió el político y abogado opositor Eliseo Núñez.
Ese quiere decir, según el opositor, que el hijo de Ortega y sus socios en DNP podrán definir el precio sin seguir los parámetros de expropiación que establece la Ley de Hidrocarburos.
“En el caso de nacionalizar por la vía (Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se mandata (por Catastro), pero como lo hicieron por una nueva Ley, entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado”, alertó.
El Parlamento autorizó este sábado al Estado la nacionalización de DNP, luego de que el jueves pasado el Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra Rafael Ortega, y dos empresas bajo su control utilizadas para el “lavado de dinero”.
Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega “para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega”.
Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas a DNP, empresa con la que la familia Ortega “se ha enriquecido personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua”.
En su iniciativa, el presidente Ortega calificó esas medidas, sin mencionarlas, como “decisiones unilaterales de absoluta ilegalidad y coercitivas”.
La Ley básicamente traspasa todos los inventarios de DNP al Estado de Nicaragua, que designó al Ministerio de Energía y Minas para encargarse de su administración.
El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, explicó que la sanción de Estados Unidos buscan que la empresa DNP deje de operar y “esa es una salida que funciona”.
“Y que la asuma el Estado también es una salida que funciona y no contamina al Estado” nicaragüense, opinó.
Por su lado, la disidente sandinista Dora María Téllez advirtió sobre el conflicto de interés en esa transacción, debido a que el presidente Ortega usa al Estado para proteger una empresa que dirige uno de sus hijos, que es acusada de lavar dinero.
En ese mismo sentido se pronunció la legisladora liberal opositora Azucena Castillo, para quien esa transacción “se presta para un lavado”, porque cualquier gestión que se haga con la empresa sancionada “contamina a quien las compra”, en este caso “se le pasa la contaminación al Ministerio de Energía y Minas.
DNP tiene una red de 69 estaciones de servicios en todo el país y controla el 30 % de las importaciones de los productos terminados o derivados del petróleo.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE