De acuerdo a un reportaje de El Nuevo Herald, el Senado de Florida en el presupuesto estatal 2019-20 solicitó la auditoría. En sus conclusiones recomienda que el Estado finalice su contrato de atención médica privada y opte por hacer el trabajo por sí mismo o inicie un acuerdo para obtener atención médica a través de los hospitales docentes del sistema universitario.
CGL Companies, la firma nacional de consultoría de prisiones que realizó la auditoría sostiene que el Estado ahorraría entre $40 y $46 millones al año.
“Esos ahorros llegarían en un momento en que el Departamento de Correcciones de Florida (FDC, en inglés) se ve acosado por problemas, desde una rápida rotación y oficiales correccionales sin experiencia hasta instalaciones en ruinas y una población de presos cada vez más violenta, drogadicta y propensa a las enfermedades mentales”, apunta El Nuevo Herald.
El secretario de la FDC, Mark Inch, advirtió que el “status quo no es sostenible” por lo que solicitó a la Legislatura una inyección de $113 millones de dinero fresco para aumentar el pago y retener a los oficiales, reducir las horas extra y llenar las vacantes.
Los auditores mostraron cuántos de los problemas fueron autoimpuestos por el estado. «En los últimos 10 años, el ex gobernador Rick Scott y los legisladores estatales extrajeron millones del sistema penitenciario, primero al pasar de turnos de 8 a 12 horas para recortar 3,700 empleos, luego con un impulso para privatizar las cárceles y la atención médica en las prisiones».
La auditoría explica cómo los ahorros a corto plazo, realizados entre el 2011 y el 2014, ahora están costando millones a los contribuyentes y llevando a demandas colectivas exitosas en nombre de los reclusos.