El derecho a la libertad de expresión está fuera de toda discusión, ya que es factor fundamental indispensable para la existencia de una sociedad democrática, aunque en el caso venezolano no solo es importante la presencia de este derecho sino su efectividad, es decir la garantía de su cumplimiento.
Nota de prensa
Son distintos los mecanismos directos e indirectos de coacción del gobierno de Maduro contra el sagrado deber de informar que tienen los medios y periodistas: cierre de medios, negación en el otorgamiento de permisos y concesiones, juicios en tribunales, agresiones directas a periodistas, entre otros; desconociendo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de la Ley de Ejercicio del Periodismo, que prevén el derecho a estar y ser informados veraz y oportunamente
El día de ayer miércoles 18 de diciembre, funcionarios del Sebin y de la Policía Nacional Anticorrupción, efectuaron un allanamiento a la sede del medio de comunicación Venepress, desalojando a periodistas y demás trabajadores, para luego proceder al cierre del portal de noticias de acuerdo a la orden emitida por Karin López Ruiz, Fiscal 73 provisorio, bajo el supuesto de “Aseguramiento de los bienes por una investigación de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir”
Esas acciones atentan contra la libertad de expresión, dejando claro que el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro mantiene como política de Estado la agresión, el hostigamiento y persecución a los periodistas y a la prensa libre; tratando de evitar que la ciudadanía reciba la información necesaria para poder formarse un criterio sobre la realidad y distinguir la verdad de la mentira, lo que se traduce en una violación flagrante a los principios democráticos establecidos en nuestra carta magna.
Se trata de un nuevo ataque contra el periodismo por parte de un gobierno que no cree en la libertad de prensa; con sus actuaciones atenta contra el sagrado deber de informar y estar informados, haciendo uso de una de las formas más radicales que utilizan los regímenes autoritarios para impedir la difusión de informaciones.
Cada medio de comunicación cerrado por el gobierno representa una pérdida para la Democracia, porque la operatividad de cada uno de ellos es ventana para la pluralidad informativa y de opinión.
Estas decisiones del gobierno obligarían a los medios de comunicación de abstenerse de informar sobre distintos asuntos de interés público que la sociedad venezolana tiene derecho a conocer.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que los límites imprecisos a la libertad de expresión son contrarios a la garantía de este derecho, en vista que pueden amparar decisiones arbitrarias que restrinjan de manera ilegítima la difusión de ideas y opiniones.
Por su parte La ley de Ejercicio del Periodismo en su artículo 5, inciso 5 señala como uno de sus fines “Salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información”; razón por la cual el gremio periodístico ejecutará todas las acciones necesarias para defender estos derechos.
El gremio periodístico alerta al país y a la comunidad internacional, sobre cómo de nuevo el Gobierno viola la libertad de decidir de los venezolanos; porque el cierre de VENEPRESS busca censurar una línea editorial que le resulta incómoda por la publicación de informaciones que reflejan la realidad de nuestra nación, pero que no son de agrado para el Ejecutivo Nacional.
El Colegio Nacional de Periodistas de la Seccional Distrito Capital, Caracas, condena enérgicamente el cierre del medio de comunicación VENEPRESS, porque representa una violación a los derechos humanos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano e internacional; imponiendo limitaciones imprecisas que impiden la difusión de cualquier información que pueda molestar a las autoridades gubernamentales.
La Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 4: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
Los ciudadanos requieren de la pluralidad de ideas, opiniones, y noticias para establecer sus propias conclusiones sobre los hechos que le afectan; cerrar un medio de comunicación refleja una conducta propia de las dictaduras.
Toda persona tiene el derecho de leer, observar y escuchar el contenido que sea de su interés; por lo que no hay justificación alguna para que el gobierno asuma la potestad de decidir sobre la preferencia de los ciudadanos en materia informativa.
Exigimos al Gobierno Nacional respeto al marco jurídico vigente y exhortamos a revisar las decisiones adoptadas en contra de los ciudadanos y medios de comunicación para que se restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre información y expresión.
Caracas, 19 de diciembre de 2019
La Junta Directiva