Las autoridades venezolanas deben permitir inmediatamente que los medios noticiosos locales Telecaribe y Venepress reanuden su trabajo informativo, y deben cesar el acoso de los medios independientes, declaró el pasado viernes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 18 de diciembre, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cerraron la oficina de Caracas de la agencia de noticias local Venepress y la oficina de Puerto La Cruz del canal regional Telecaribe, según el director de noticias de Venepress, Israel Barbuzano, quien conversó con el CPJ por vía telefónica. Las autoridades le han prohibido al personal entrar a las oficinas para utilizar los equipos de trabajo, expresó Barbuzano.
Venepress, una agencia de noticias digital fundada en 2017, es propiedad de Telecaribe, un canal independiente, declaró Barbuzano. Venepress publica sus despachos noticiosos en la Internet y también licencia videos para que los utilicen Telecaribe y otros canales locales, agregó.
Los cierres forman parte de una investigación sobre presunto blanqueo de capitales que ha sido iniciada por el fiscal Jean Karin López Ruiz, de Caracas, quien acusó a Venepress de financiar a la figura opositora venezolana Juan Guaidó, según informaciones de prensa. Sin embargo, los abogados de Venepress y Telecaribe declararon que no les han informado por qué las autoridades cerraron los medios de prensa, y no han visto ninguna orden ni notificación oficial que autorice los allanamientos, afirmó Barbuzano.
“El allanamiento y cierre de Telecaribe y Venepress, sin el debido proceso ni transparencia, son los últimos ejemplos de la campaña represiva que el Gobierno venezolano mantiene contra los medios independientes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades venezolanas deben permitir inmediatamente que el canal reanude sus transmisiones y la agencia de prensa funcione a plenitud”.
Los agentes del SEBIN registraron la sede de Venepress durante 10 horas y confiscaron documentos administrativos, pero no se llevaron ningún equipo de trabajo periodístico, de acuerdo con versiones de prensa y Barbuzano.
Barbuzano declaró al CPJ que sospechaba que los cierres formaban parte de una ofensiva gubernamental más amplia contra Maximilian Camino, uno de los propietarios y presidente de Telecaribe y codirector de Venepress. Camino ha apoyado públicamente a Guaidó en columnas de opinión que ha escrito para la agencia de noticias.
En noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) congeló las cuentas de Camino y otras 14 personas por presuntamente otorgar apoyo financiero ilícito a Guaidó, según informaciones de prensa.
El CPJ realizó varias llamadas a la Sudeban y al Ministerio de Comunicación, pero nadie devolvió las llamadas.
Barbuzano declaró al CPJ que Telecaribe no ha salido al aire desde el allanamiento, y afirmó que Venepress probablemente se vería obligada a suspender sus actividades pronto, al no tener acceso a su equipo de trabajo, su oficina y financiamiento.
Nota de prensa