A cuatro años de la última remodelación que sufrió el Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue cuestionada nacional e internacionalmente, la imagen y reputación del Poder Judicial no puede estar en un estado más calamitoso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Venezuela, publicado en 2018, acusó al organismo de desmantelar la democracia con sus actuaciones contra el Parlamento.
Por Juan Francisco Alonso / lagranaldea.com
El 6 de diciembre de 2015 la oposición venezolana conseguía su victoria electoral más aplastante frente al chavismo en casi tres lustros, al hacerse con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional (AN). Sin embargo, el oficialismo no se quedó con esa derrota y buscó vías para anularla y así, al filo de la Nochebuena de ese año, en el Parlamento que aún controlaba remodeló el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las designaciones de los 13 magistrados principales y 20 suplentes provocaron duros cuestionamientos dentro y fuera del país, porque fueron vistos como un movimiento para neutralizar al nuevo Poder Legislativo. En primer lugar, porque carecían de sustento los argumentos de que los nombramientos se debían a las vacantes existentes en el máximo juzgado, pues en realidad no había 13 vacantes principales sino una. “Nos forzaron a jubilarnos”, confesó meses después la ex miembro de la Sala Social, Carmen Elvigia Porras, ante una comisión parlamentaria, quien al momento de retirarse aún le restaba un año de mandato.
Y, en segundo término, porque el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, entre ellos que los lapsos para revisar las credenciales de los candidatos no se cumplieron y la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no avaló la lista definitiva.
Las sospechas de que esta jugada solamente iba dirigida a bloquear a la nueva AN se confirmaron apenas unos días después cuando la nueva Sala Electoral, ahora integrada por un ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Christian Zerpa, y por una ex directiva del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Fanny Cordero, impidió a los diputados por el estado Amazonas tomar sus cargos, alegando supuestas irregularidades en su elección; y con ello arrebató a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la mayoría calificada necesaria para designar altas autoridades del Estado o para reformar la Constitución.
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