Esta mañana se ha presentado en Madrid un informe que recoge los datos penales «más significativos» de Cuba actualizados «y hasta ahora inéditos». Elaborado por la ONG europea Cuban Prisoners Defenders, recoge el número total de presos del sistema penitenciario, número de presos por causas, así como el número de presos por su conducta (condenas pre-delictivas), y que afecta principalmente a aquellas personas que va en contra «con la moral socialista», esto es, disidente, opositores y emprendedores.
Por Susana Gaviña / abc.es
Según el documento, en la actualidad habría alrededor de 90.000 presos en las cárceles cubanas, lo que convertiría a Cuba en el país con mayor población reclusa del mundo, con 794 reclusos por cada 100.000 habitantes (el segundo lugar lo ocupa EE.UU.). Un dato que desmiente las cifras que el régimen cubano ofreció, a través del periódico «Granma», su órgano de propaganda, en 2012, cuando indicó que la población reclusa era de 57.336, lo que rebajaba a 510 el número de presos por cada 100.000 (y situaba a Cuba en el sexto puesto a escala mundial). Estos datos son los únicos que estaban todavía vigentes, a falta de una actualización oficial, según la información publicada por el Institute for Criminal Policy Research (ICPR) en su página web, donde se mantienen los de 2012.
El informe indica que al año se inician en Cuba más de 32.000 causas penales, que se traducen en que entre 35.000 y 40.000 personas son acusadas anualmente en sede judicial, y entre el 93 y el 95% declaradas culpables. Esto es, entre 32.000 y 37.000 personas. De los declarados culpables reciben sanciones de privación de libertad el 69% a nivel nacional, es decir, entre 22.000 y 25.500 personas obtendrán sanciones de prisión o de trabajo correccional en establecimiento penitenciario.
Estos datos, inéditos hasta ahora, han podido ser elaborados por la ONG Prisoners Defenders gracias «a documentación interna del régimen que he remitido a enlaces diplomáticos y está contrastada e indubitada», explica a ABC Javier Larrondo, presidente de la ONG.
El informe, presentado hoy en la sede de la Fundación Transición Española, hace hincapié en los expedientes de pre-delictiva, «presos sin delito, datos que hemos obtenido de estudios de prisiones, fichas de expedientes y datos macro obtenidos de filtraciones de aparatos del Estado. Sabemos desde hace casi un año que son del orden de 11.000 casos, 8.400 directamente entre rejas como ahora conocemos con exactitud, y que confirman los documentos internos contrastados con la documentación oficial». Una documentación a la que ha tenido acceso este periódico y ha podido consultar.
Larrondo denuncia vehementemente, este tipo de condenas, que reflejan «la represión de derechos de opinión y la arbitrariedad que se destila con los 11.000 presos por pre-delictiva, es decir, por prejuicios y sin delito, es algo tristísimo. Son 11.000 familias afectadas cada año, con familiares con penas de 1 a 4 años, sin que hayan cometido delito alguno, donde la pena media es de más de 2 años de prisión».
Prisiones y campos de trabajo forzado
Sobre la divergencia de cifras, entre las que admitió el régimen en 2012 a través de «Granma», frente a las recogidas ahora, Larrondo subraya la veracidad de estas últimas. «Yo tengo documentación oficial contrastada que he podido enseñarles, y “Granma” es un mero diario propagandístico que no es siquiera oficialmente del gobierno. La cifra que da Prisoners Defenders, por desgracia, es cierta y exacta. Son 90.300 los presos convictos, y 37.500 los condenados que están en otras situaciones de tipo penal no carcelaria, a cierre del primer semestre de 2019». Según el informe, habría en la actualidad un total de 127.800 personas que están cumpliendo tipos penales en Cuba, «y la mayoría internados en prisiones y campos de trabajo forzado. Es una barbaridad».
Estos datos sitúan a Cuba como la mayor cárcel del mundo «sin duda alguna, y lleva siendo así desde hace decenas de años. El problema es que sólo ahora hemos podido demostrarlo con documentos oficiales indubitados», subraya el presidente de PD en referencia a la opacidad del régimen cubano.
El informe se detiene también en los indultos masivos y excarcelaciones que viene realizando el Gobierno cubano desde hace años, para controlar el gasto penitenciario y hacer sitio en las cárceles hacinadas para nuevos condenados, especialmente los condenados por conducta antisocial (que afecta a disidentes, opositores y emprendedores). «Los presos comunes son liberados o pasados a otros regímenes para abaratar los costes del sistema carcelario, y esta política es constante desde 2015. El porcentaje de presos políticos, sobre el total, aumenta cada año que se hacen políticas de liberación y drenaje carcelario de presos, porque no afecta a los políticos ni los desafectos con el sistema. Ni los indultados presidencialmente cada año para abaratar los costes de prisión (drenaje carcelario), entre 2.000 y 3.000 anuales, ni los que obtienen medidas diferentes a las de encarcelación, afectan en igual grado a los presos políticos o a los desafectos con la “revolución” que a los presos comunes», señala Larrondo.
Según los datos recogidos en el informe, 21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba.
Tras tener estos datos en la mano, el presidente de PD, ONG que ha denunciado al régimen cubano, ante la ONU y la CPI de La Haya, por la explotación de los médicos cubanos en las misiones internacionales, y que ha hecho campaña pidiendo la liberación del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, asegura que lo más grave que ha podido contrastar es la represión que sufre la población cubana. «Una población no delictiva, tranquila. En Cuba no hay clanes, mafias ni conflictos raciales, religiosos o de otro tipo. En Cuba la población es buena, sencilla, de buen corazón. Su único delito es tratar de sobrevivir. El sistema no puede castigar ese intento de supervivencia cuando es incapaz de darle al cubano los mecanismos para ella, porque se ha enfrentado con todo el mundo, y porque su política de derechos económicos, amén de otros derechos, no le permite por Ley al cubano ni importar, ni recibir inversión para un negocio, ni tener suministro alternativo de insumos cuando los del Estado no son suficientes.».
Acostumbrado a desmentidos y a la manipulación de los hechos por parte del régimen, Larrondo no cree que en este caso el Gobierno de Cuba niegue estas cifras: «No lo tengo del todo claro, porque no conocen los documentos, muchos, oficiales, del más alto nivel, contrastados, y que ya fuentes diplomáticas tienen. Sería un precio de descrédito muy fuerte tanto externo, como interno con sus dirigentes, que saben que las cifras que damos son ciertas. El Dr. Edel González mismo [que ha estado en esta mañana en la presentación del informe, y al que ABC ha podido entrevistar] nos ha confesado, tras verlo cuando llegó a Madrid y dejarle estudiar los documentos, copias fidedignas, analizadas y contrastadas por expertos, que lo que hemos obtenido en Prisoners Defenders y Civil Rights Defenders es tristemente irrefutable».