¿Es una moneda? ¿Es una criptomoneda? ¿Es un bono? No, es el fulano Petro que insiste y se empecina el desgobierno en imponer. El que no tiene pies ni cabeza, lo que no tiene sustento y lo que no es ni de lejos ni se parece a lo que se dice y anuncia que es; pues desde su misma creación o lanzamiento hace casi dos años, por allá en febrero de 2018, se reveló como una auténtica colcha de retazos financiera que por donde se le mire, no es otra cosa que un verdadero retroceso que enreda lo que ya en la práctica es poco más que una telaraña inexplicable cuando se trata de explicar la disfuncionalidad de la economía venezolana.
Es así como a ese despropósito que bautizaron Petro, pretendieron inicialmente revestirlo con un barniz de modernidad al llamarlo criptomoneda o criptoactivo, cuando el mismo no cumplía con los mínimos requisitos para ser denominado como tal; partiendo del hecho de haber sido creado bajo el rigor autoritario de una autoridad centralizada que decidió que la misma no se generaría como producto de la compleja actividad del minado digital y del consenso criptográfico del blockchain, como ocurre en todos los casos que se conocen como teóricamente serios en el mundo de los criptoactivos, donde su obtención originaria demanda la disponibilidad de máquinas con una potente capacidad de cómputo que a su vez posee un elevado consumo de energía eléctrica. En fin, en el mundo moderno de las criptomonedas, su nacimiento y obtención originaria no es caprichosa, sino laboriosa, rigurosa, consensual y ampliamente validada; mientras que, en el mundo oscuro de la genialidad teórica de la involución del siglo 21, lo que requiere es un simple plumazo impulsivo del illuminati de la casa de Misia Jacinta, amparado en la ficción de unas reservas petroleras no explotadas, que a fin de cuentas no son exigibles por medio alguno por el titular de ese código del Petro en caso de default por parte del desgobierno.
Cuando llegamos al tema de la utilidad del desafortunado Petro, encontramos tal vez la variable más importante para invalidarlo y advertir su inutilidad, y es que como efecto de la ausencia absoluta de confianza tanto en su emisor/promotor, como en el origen, mecanismo y transparencia del sistema, el mismo entonces no sirve para nada en cuanto se refiere a la utilidad de cualquier moneda o mecanismo de pago, que es su utilización como medio o instrumento de intercambio. Nadie lo acepta, nadie lo quiere y salvo que estés estrictamente obligado a hacerlo, no hay razón alguna para adquirirlo o siquiera prestarle atención. Por ello, el desgobierno recurre a imponer su utilización obligando artificialmente a la realización de ciertas transacciones que se mantienen bajo su estricto control, para lo cual experimentaron de forma inescrupulosa con nuestros ancianos pensionados, a quienes sometieron a la humillación de las largas filas para la adquisición de uno escasos bienes en los muy pocos comercios que a su vez prácticamente obligaron a aceptar los desdichados Petros, que por cierto aún no les han liquidado, pese a que la devaluación mantiene su ritmo galopante.
Cuando se trata de imponer la utilización artificial del aciago Petro, la guinda de la torta la encontramos en el Decreto No. 4.096 del pasado 14 de enero, publicado en la Gaceta Oficial No. 6.504 Extraordinaria de la misma fecha, con el cual el desgobierno aumentó la apuesta a fondo, poniendo en riesgo el interés nacional y desafiando de forma negligente toda lógica que apunte a la posible recuperación económica, pues en dicho instrumento, se establece la obligatoriedad de liquidación, venta y pago de los servicios que allí se señalan, con la pomposa etiqueta de criptoactivos soberanos. Así, entran en el combo de los productos y servicios que deben ser cancelados en Petros, los relacionados entre otros, con el SAPI, SAIME, INC, BOLIPUERTOS, INEA, INAC, IAIM y BAER; y es que afirmamos y sostenemos que tal medida afecta el interés nacional y cualquier mínima posibilidad de recuperación, pues los servicios previstos para su obligatoria cancelación en Petros, son esencialmente aquellos que son utilizados por los escasos inversionistas extranjeros que aún con cierta timidez y recelo mantienen su interés y operatividad en el país.
Así, por capricho, soberbia y en un arrebato desafiante al sistema financiero internacional, el desgobierno pretende obligar a empresas multinacionales navieras y aéreas que aún tocan nuestros puertos y aeropuertos, y en general a cualquier inversionista extranjero, a utilizar como medio de pago a un instrumento cuestionado y sancionado por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, con lo cual expone a cualquiera que le utilice a ser sujeto de sanciones y por tanto crearle serios problemas, por lo que sin duda preferirán paralizar operaciones en cuanto se refiera a Venezuela, antes que exponer su operatividad global como consecuencia del incumplimiento de lo que hoy son lineamientos globales en un sistema financiero interconectado, donde una sanción norteamericana, compromete por igual a un pequeño banco centroamericano, que a una gran institución financiera asiática o europea, pues al final del día, todos se conectan, todos intercambian y al hacerse los controles y cruces de cumplimiento, en algún momento salta la liebre y sonará la alarma altisonante del risible criptoactivo venezolano.
El fulano Petro se suma a las infinitas razones por las cuales urge el cambio político en Venezuela. En este caso, además de los fines inconfesables que buscan impulsarlo e imponerlo a toda costa, lo cierto es que cualquier medida que tienda a imponer su utilización, se traduce en un inmediato desconcierto negativo para el país, pues el Petro es como un zorrillo que en la práctica ahuyenta a cualquier iniciativa, emprendimiento o negocio serio que convenga a todos, que en todo caso, como toda iniciativa oscura, beneficiará seguramente solo a un puñado de beneficiados bendecidos por el dedo mágico del desgobierno.
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