El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, denunció que se ha instalado recientemente “una maquinaria de represión al sur del estado Bolívar”, luego de los hechos ocurridos el pasado 22 de diciembre en el batallón 513 del sector Luepa del municipio Gran Sabana.
Himiob Santomé precisó que de las 18 personas detenidas, 13 son miembros de la comunidad indígena Pemón, un adolescente y por confirmar cuatro militares y otros 3 civiles. Todos fueron sacados violentamente de su jurisdicción y trasladados a Caracas, violando la Constitución.
“En el estado Bolívar, desde diciembre hasta acá, se han realizado muchos actos de represión. El 22 de diciembre se condujo detención de por lo menos de 18 personas (…) en el caso de los indígenas detenidos, no se les aplicó la jurisdicción especial que ordena nuestra Constitución, y fueron traídos a Caracas para ser procesados como terroristas”, indicó el abogado en rueda de prensa este jueves 16 de enero.
Por su parte, Olnar Ortiz, coordinador de Foro Penal de pueblos indígenas denunció la violación a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, ya que trasladaron a estas personas de forma arbitraria a la División de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la capital venezolana y no han pasado por el debido proceso. “Todos estos hechos ocurrieron en tierras indígenas, específicamente en el municipio Gran Sabana, dónde, de acuerdo a la Constitución en su artículo 260, los indígenas debieron ser juzgados en tribunales de la jurisdicción indígena, ante un tribunal con jurisdicción especial indígena reconocida además, por el Tribunal Supremo de Justicia y es donde deben ser juzgados nuestros hermanos Pemones”.
Ortíz alertó que a los 13 Pemones, señalados de presunto terrorismo, los mantienen incomunicados desde hace casi un mes, y los “han obligado a declarar en contra de ellos mismos, sin la presencia de sus abogados. Ya han pasado más de 25 días y siguen incomunicados”, expresó.
El abogado defensor de derechos humanos recordó que el 13 de febrero de 2019, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares de protección a favor de los pobladores indígenas de Kumarakapay.
Indígenas quieren paz
Josefina de García, madre del detenido Carlos García, solicitó en nombre de la comunidad Pemón el derecho al debido proceso y poder ver a sus familiares. “Nosotros estamos aquí presentes, porque nosotros queremos ver a nuestros hijos y abrazarlos. También queremos que salgan de nuestras tierras todos los militares y poder llevarle a nuestro pueblo un mensaje de paz”, pidió.
Venezuela pasó a ser el Estado más represor
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, actualizó la cifra de presos políticos hasta la fecha, indicó que durante el pasado mes de diciembre hubo un aumento en el número de detenidos, llegando a 392.
“Solo en diciembre, se generaron 22 nuevas detenciones, y 3 nuevos presos políticos durante el mes de enero de 2020. El 30 de diciembre de 2019 se cerró el año con 388 presos políticos y al día de hoy hay 392, se sigue produciendo el efecto puerta giratoria, mientras se excarcela a algunos, se detiene a otros”, detalló.
En este sentido, aseguró que no hubo una disminución real de presos políticos que era lo que se esperaba. Confirmó que de las excarcelaciones anunciadas y confirmadas en enero, no todos eran detenidos por causas políticas.
Durante el balance ofrecido, Romero resaltó que durante 2019, Venezuela pasó a ser el Estado más represor de América Latina. “Hay más presos políticos que en Cuba“, refirió.
Por último, informó que “sobre la situación de los DDHH en Venezuela, se espera una resolución en el Parlamento Europeo, en el cual hablarán sobre Venezuela el próximo 22 de enero”.
Nota de prensa