Marbella Gutiérrez, abogada de dilatada trayectoria en el Estado Yaracuy, defensora de derechos humanos, en especial de aquellas personas que presentan discapacidades físicas, y líder política, desarrolló un contenido que me hizo llegar un condiscípulo que sembró sus afectos y echó raíces en predios de María Lionza.
Por Félix Francisco Bertomolde
Gutiérrez dejar ver a escala regional lo que ocurre en la administración de justicia a nivel nacional, por donde uno meta el ojo las irregularidades y abusos saltan a la vista, con particularidades propias de cada circuito judicial penal que Marbella supo interpretar y que yo he denunciado en más de una oportunidad, sin más les reproduzco integro el acertado escrito de esta colega yaracuyana:
“Este contenido no es anónimo. Es de mi autoría. No me lo contaron. Forma parte de mi experiencia personal y profesional. Personal, porque no puedo dejar de solidarizarme con las personas sometidas a un injusto, inhumano e ineficiente sistema judicial, así como con aquellos familiares que a diario curten su piel al sol y hacen estallar sus várices por la espera en pie, en la parte externa del Circuito Judicial Penal de Yaracuy, de cualquier respuesta o solución ante el grosero retardo procesal generalizado. Toda la construcción de bancos, caminerías y aceras altas, rodeada de árboles que protegen hasta de la lluvia, permanece vacía, sin que los visitantes puedan darle el uso para el cual fue concebida.
¡Qué absurdo! ¡¿Quién les dijo a cuanto abogado se inviste de autoridad judicial, que el Circuito es de su propiedad?! ¿Por qué acomodar su status, a costa de la incomodidad de los ciudadanos, que por sí, ya tienen suficiente tragedia con un proceso carente de garantías, bajo el cual están sometidos sus hijos, hermanos, esposos?
Privados de libertad, unos en inminente riesgo; otros al límite de la muerte por las endemias en que se hunden intramuros. Tuberculosis, sida, hepatitis, son algunas de las cruces que marcan sus frentes. ¿Acaso comprar una caja de tapabocas a los funcionarios que manipulan la población carcelaria, es más fácil que administrar justicia con eficiencia; o es más barato que garantizar las mínimas condiciones de salubridad en los sitios de reclusión del estado?
¡Dios, cuanta insensibilidad! Algunos afectados han llegado a preferir la muerte, a seguir siendo tratados como desechos de la sociedad en las condiciones más deplorables e inimaginables; sin oportunidad para la rehabilitación, reeducación y reinserción establecidas por ley constitucional. Si es política de estado, sería preferible legalizar la pena de muerte, antes de sufrir esta sistemática violación a sus derechos humanos.
No me lo contaron. Vi a los alguaciles del Circuito, utilizar tapabocas. Es un claro signo del deterioro del Sistema Penitenciario y del Sistema de justicia en general. Me pregunto, si es así en Yaracuy, ¿cómo será en los demás estados del país?
Mi experiencia profesional es tan triste, como mi percepción personal; tanto que no puedo dejar de compartir con ustedes, queridos lectores, la aberrante administración de justicia que reciben los procesados y penados. Toda decisión de libertad, medida sustitutiva a la de privación de libertad o beneficio post penitenciario, depende de la decisión de un aquelarre. Los jueces naturales no poseen autonomía. Deben esperar el análisis visceral de sus superiores jerárquicos, quienes mantienen bien guardados en las gavetas de sus escritorios, la constitución, leyes y códigos; y no los hojean, ni subrayan y menos, le dan lectura e interpretación, seguramente, para evitar que se desgasten.
Colegas y clientes me preguntan por qué han dejado de verme por el Circuito. Para no abundar en lo que ellos ya saben -porque a diario lo viven-, les resumo: Es terrible trabajar sólo con las paredes del edificio, con las escaleras, las rejas y puertas, con los escritorios, asientos y de vez en cuando, con el saludo cálido del personal administrativo y obrero. Es triste no tener un juez imparcial, autónomo, académico, que decida conforme a derecho. Es triste que todos tengan miedo de hacer justicia con sabiduría e imparcialidad. Es triste que el aquelarre no sólo decida en primera instancia, sino también en segunda. Es triste que los llamados a hacer respetar la incolumidad de las leyes, sean los primeros en desestimar el debido proceso. Es triste este descalabro judicial, repleto de personas sin credenciales, ni méritos; sin ética y moral, sin respeto a la ciudadanía. Son funcionarios zombies, veladores de un “bozal de arepas” y de un cargo que no les sirve ni para ganarse el respeto de la sociedad yaracuyana. Alguna vez lo dije: No es tiempo de ser juez.
Un día, escaleras arriba me esperaba quien regenta el edificio judicial, con la finalidad de instarme a no presentar denuncia por las irregularidades acá descritas –entre otras quinientas-, bajo el compromiso de recibirme personalmente en su despacho, para escucharme cuando a bien tuviera. Y pensé: un saco roto ha de ser más valioso y útil. Otros colegas ya le habían hecho los planteamientos de rigor; además, desde hace años, el espectáculo judicial ha venido empeorando de manera progresiva. La evidencia empírica indica que en sus manos no están las mejoras que deseamos. Por eso prefiero denunciar y no visitarla para degustar café en su oficina. Y aunque no existan instituciones democráticas erigidas en este inédito torbellino nacional sin precedentes, al menos se los cuento, porque quiero repartir un poco mi despecho moral, a objeto de que, la carga no se haga tan pesada y mi espalda no doble tanto. Soy Marbella Gutiérrez; esto no es un anónimo.”
Félix Francisco Bertomolde
@memientanchico