En un caso que podría crear una gran agitación en la industria de la marihuana del estado, los funcionarios de salud pidieron el jueves a la Corte Suprema de Florida que confirme una ley de 2017 que llevó a cabo una enmienda constitucional que legaliza ampliamente la marihuana medicinal.
Por CBS Miami
Los abogados del Departamento de Salud argumentaron que, al crear y aprobar la ley, la Legislatura de Florida llevó a cabo su “prerrogativa constitucional para servir como formulador de políticas estatales y proteger el bienestar de la ciudadanía”.
La agencia estatal instó a la Corte Suprema a revocar un fallo de la Corte de Apelaciones del 1er Distrito que decía que una parte clave de la ley estaba en conflicto con la enmienda constitucional de 2016, aprobada por el 71 por ciento de los votantes de Florida.
La controversia se centra en un componente clave de la ley que estableció un “sistema de integración vertical” en el que un número limitado de empresas que reciben licencias de marihuana medicinal deben manejar todos los aspectos del negocio, incluidos el cultivo, el procesamiento y la distribución de productos. La alternativa a la integración vertical sería permitir que las empresas desempeñen diferentes roles, lo que podría conducir a más jugadores en la industria.
La ley “es consistente con el texto de la enmienda”, argumentaron los abogados del departamento de salud.
“La Legislatura actuó dentro del alcance de la discreción de política que le otorga la Constitución de Florida al establecer los requisitos para la licencia y la participación inicial en el mercado. Los criterios son consistentes y están dentro de los límites más amplios de inmunidad establecidos por la enmienda”, agregaron.
La presentación judicial del jueves se produjo en una disputa de larga data entre el estado y Florigrown, una compañía con sede en Tampa que ha buscado sin éxito la aprobación del Departamento de Salud para convertirse en uno de los operadores de marihuana medicinal del estado.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Distrito en julio confirmó parte de una orden judicial temporal emitida por un juez de circuito del condado de Leon, quien encontró que la ley de 2017 estaba en conflicto con la enmienda constitucional.
Al menos en parte, el tribunal se centró en la diferencia en las palabras “o” y “y” en las definiciones de operadores de marihuana medicinal, que se conocen como centros de tratamiento de marihuana medicinal.
La enmienda constitucional definió a los centros como “una entidad que adquiere, cultiva, posee, procesa, transfiere, transporta, vende, distribuye, distribuye o administra marihuana, productos que contienen marihuana, suministros relacionados o materiales educativos”.
Mientras tanto, según la ley de 2017, “un centro de tratamiento de marihuana medicinal con licencia cultivará, procesará, transportará y dispensará marihuana para uso médico”, una redacción que establece el sistema verticalmente integrado para realizar todos los aspectos del negocio.
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