De acuerdo al reciente comunicado oficial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue decidida la suspensión de la medida cautelar que impide la celebración de las elecciones autonómicas en las universidades públicas y, a juicio del diputado Luis Barragán, “en nada atenúa la lesión infringida a la propia autonomía universitaria y sólo formaliza el aporte que hace el ilegítimo aparato judicial del régimen para pactar una peculiar cohabitación con sectores que rayan en la complicidad, ganando un tiempo adicional para maniobrar”.
Nota de prensa
Observó, en consonancia con las declaraciones emitidas por el ministro usurpador de Educación Superior, que el comunicado versa sobre el “compromiso de las representaciones de las universidades (…) para ajustar transitoriamente sus reglamentos electorales” de conformidad con la tristemente célebre sentencia 0324 de 2019.
“La opinión pública, en general, y las comunidades universitarias, en particular, poco o nada saben del alcance de las conversaciones sostenidas entre las autoridades rectorales y el régimen, desde ya, nos parece insólito que la postergación del plazo sea para amoldar los reglamentos a una exigencia que atenta evidentemente contra el artículo 109 constitucional y la Ley de Universidades, en lugar de reivindicar su actual vigencia que permite convocar inmediatamente, en forma masiva y simultánea, a los libérrimos comicios, sin rodeos, como hemos y seguiremos insistiendo desde la Fracción Parlamentaria 16 de Julio”.
Agregó: “Por ello, alertamos sobre las distintas maniobras adelantadas por una dictadura que, incompetente para copar todas las casas de estudios, está en la intensa búsqueda de complicidades que, en definitiva, la ayuden para realizar la anti-universidad que tiene pendiente”.
El diputado Barragán, en la sesión de la Asamlea Nacional que abordó la materia, reiteró las propuestas legales orientadas a facilitar unas elecciones constitucionales en las universidades, sugiriendo la comparecencia de los rectores de las principales casas de estudio ante la plenaria y la conformación de una Comisión Mixta que exclusivamente se dedique al asunto, integrada por representantes de las comisiones permanentes de Desarrollo Social, Cultura, Política Interior, Política Exterior y de Defensa. Al respecto, llamó la atención la inclusión de estas dos últimas comisiones.
“Es necesario – aclaró – atender la dimensión internacional del problema, ya que – por ejemplo – la legítima representación diplomática de la encargaduría presidencial debe diligenciar la atención de la UNESCO hacia la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada patrimonio de la humanidad; y, por el otro, atender también el propósito del régimen que es el de militarizar a las universidades y de milicianizar a sus actores, dato frecuentemente olvidado”.