En el matorral golpeado por el sol en el remoto departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, se desata una amarga disputa entre dos familias indígenas vecinas Wayúu, una de ellas buscando refugio de la crisis humanitaria en Venezuela.
Su enemistad fue provocada por unas cabras. Sin cercas para detenerlas, sus rebaños se mezclan en los arbustos bajos entre las dos casas, azotados por el viento caluroso y polvoriento del desierto en el territorio ancestral Wayúu.
Una familia, los Ipuana Montiers, que recientemente regresaron de Venezuela huyendo de la escasez de alimentos y medicinas, dicen que han perdido 50 cabras dentro del rebaño que pertenece a sus vecinos más establecidos, los Ipuana, que cuentan con los líderes locales entre sus filas.
Estos conflictos sobre la tierra, el agua y los animales aumentan a medida que miles de personas que emigraron a Venezuela regresan a Colombia, poniendo a prueba los límites de la unidad tribal, según la policía y mediadores Wayúu, conocidos como pütchipü’ü.
Para las comunidades que ya están en dificultades y subsisten de la pequeña ganadería y el contrabando de gasolina a lo largo de la frontera, las necesidades de los retornados Wayúu son difíciles de satisfacer.
La desnutrición ha acosado a los niños Wayúu durante mucho tiempo y muchas comunidades no pueden permitirse más bocas para alimentar.
Con docenas de disputas en curso, los líderes Wayúu dicen que esperan que la mediación evite la escalada de violencia, a medida que estallan las peleas entre vecinos y dentro de las familias.
En una casa de color verde oscuro con revestimiento de plástico al final de un largo camino de tierra lleno de baches, Rangel Ipuana, el patriarca del clan Ipuana y quien también ejerce deberes de pütchipü’ü, dice que quiere evitar el conflicto, pero muchos de los retornados de Venezuela han olvidado el estilo de vida Wayúu.
Los Wayúu, que generalmente hablan su propia lengua wayuunaiki y español, tienen derechos de ciudadanía tanto en Colombia como en Venezuela.
REUTERS/Luisa González
Muchos emigraron a Venezuela en las últimas dos décadas para aprovechar la educación gratuita y otros beneficios, pero la hiperinflación y una recesión de seis años bajo el Gobierno del presidente Nicolás Maduro han obligado a muchos a regresar.
Yohedys Palmar, un inspector de policía Wayúu en Castilletes, que domina una bahía en los confines orientales de la Alta Guajira, dijo que hay cerca de 10 disputas activas en su área, la mayoría involucrando a algunos de los miles de Wayúu retornados.
“Sí ha habido violencia”, dijo Palmar. “Hasta ahorita no ha llegado a muertos, pero puede suceder si no se resuelve”.
POBLACIÓN CON MÚLTIPLES NECESIDADES
Palmar aseguró que escuchó hablar de asesinatos en el asentamiento interior de Jarara, pero Reuters no pudo confirmarlo de manera independiente.
El escaso servicio de telefonía móvil dificulta la comunicación en la región empobrecida y aislada. El Estado colombiano es prácticamente inexistente en esta zona.
Cada pütchipü’üs tiene a su cargo un área tan pequeña que dificulta la recopilación de datos sobre los conflictos, dijo a Reuters el secretario de asuntos indígenas del municipio de Uribia, que incluye la Alta Guajira.
El padre de Palmar, Rafael Sapuana, es el pütchipü’ü a cargo de la disputa de los Ipuana que involucra a los retornados venezolanos.
“Llegan con muchas necesidades, con hambre, sin trabajo”, dijo Sapuana, padre de 50 hijos, de un grupo cercano de casas donde vive con algunos de su familia. “La guerra no trae nada bueno. Ojalá que el Gobierno, el presidente Duque, eche un manito a esa crisis que tenemos aquí en la Alta Guajira”.
María Elena Ipuana es la matriarca de los Ipuana Montiers. Ella regresó para establecerse en esta propiedad familiar con su esposo Ángel José Montier y más de 40 de sus hijos y nietos, tras años de viajes esporádicos de ida y vuelta a Maracaibo, un centro de la industria petrolera en Venezuela.
“Hace tiempo la comida estaba muy barata en Venezuela, ahora está muy cara, tenemos que sobrevivir como podemos”, dijo.
La familia está atrapada en cinco pequeñas casas improvisadas. Dos de los nietos, de 1 y 4 años, tienen extremidades frágiles que evidencian desnutrición.
Y la familia está a punto de crecer: la hermana y el cuñado de Ipuana y 22 de sus hijos y nietos llegarán pronto de Venezuela.
Una solución al desacuerdo por las cabras eliminaría al menos un problema de la larga lista de la familia, afirmó Ipuana. “Necesitamos que ese problema se medie, se resuelva, para evitar conflictos con la otra familia”, aseguró.
Al día siguiente, ambas familias descendieron a la granja de los Sapuanas para llegar a un acuerdo: en cualquier otra disputa entre ellos, el agresor le debería a la otra familia 50 cabras u ovejas. Sellaron el trato con tragos de chirrinche, un licor fuerte que produce ardor al ser ingerido.
Una reconciliación es el mejor de los casos, pero no faltan las disputas en curso.
El municipio de Uribia, cuya población de 205.000 habitantes es 95% Wayúu, ha tenido al menos 38 casos de conflictos por la tierra que involucran a personas que regresan de Venezuela, dijo Alberto Henríquez, secretario de asuntos indígenas.
El recuento de desacuerdos territoriales que involucraron violencia es de 42.
Debido a que el gobierno local tiene un poder limitado en el territorio Wayúu, esas cifras pueden no ser una representación precisa de la frecuencia de las disputas, dijo Henríquez.
“Hay muchos casos en que la familia hace uso del pütchipü’ü y se soluciona basado en sus usos y costumbres”, concluyó. Reuters
