Los sindicatos y las organizaciones estudiantiles de Colombia decidieron el viernes mantener una huelga convocada para el 25 de marzo en protesta contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, aunque cancelaron las concentraciones y movilizaciones para evitar la propagación del coronavirus.
Se trata de la primera huelga del año contra el Gobierno de Duque. Desde el 21 de noviembre y hasta mediados de diciembre de 2019 el presidente enfrentó varias manifestaciones y tres huelgas que se suspendieron por las festividades de Navidad y Año Nuevo.
“El paro del 25 de marzo va. Pero estamos invitando a los colombianos a que no salgan de sus casas, que no haya transporte. Vamos a hacer cacerolazos desde las casas cada dos horas, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche”, dijo a Reuters en una entrevista telefónica el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela.
“Vamos a izar las banderas de Colombia con cintas negras condenando los asesinatos y la violencia. El paro de 24 horas va con nuevas modalidades, no vamos a romper con los protocolos porque la vida es fundamental”, explicó refiriéndose a la declaratoria de emergencia sanitaria que hizo el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.
El Gobierno prohibió desde el jueves los actos públicos y las concentraciones superiores a 500 personas ante la expansión del coronavirus a nivel mundial. Las autoridades sanitarias de Colombia han reportado hasta el momento 16 casos de la enfermedad en el país.
Los acercamientos entre el Gobierno y los organizadores de las protestas en búsqueda de un acuerdo que permita desactivar las manifestaciones no han prosperado.
Los líderes de las protestas presentaron inicialmente 13 demandas con un amplio abanico de temas económicos y sociales, así como acciones para frenar los asesinatos de activistas sociales, presionar la implementación del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y exigir la disolución del escuadrón antidisturbios de la policía al que acusan de excesos.
Pero a mediados de diciembre ampliaron sus demandas a 104 puntos, que “hablan de lo divino y lo humano” e involucran temas económicos, fiscales, de comercio y ambientales imposibles de cumplir porque muchas son inconstitucionales, según el Gobierno.
Las manifestaciones del año pasado, en gran medida pacíficas, terminaron con algunos disturbios en los primeros días, con saqueos a comercios y ataques de encapuchados contra estaciones de transporte público y autobuses, que llevaron al Gobierno a decretar toque de queda en las ciudades de Bogotá y de Cali.
Reuters