Asociaciones de venezolanos radicados o en situación de movilidad humana en Ecuador advirtieron este lunes de la especial vulnerabilidad que afronta esta población ante las medidas cada vez más restrictivas adoptadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19.
FUTURO DE LA VENTA INFORMAL, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN
El hecho de la informalidad y el trabajo ambulante en la calle que realiza buena parte de los migrantes venezolanos y que supone el principal sustento para muchas familias, o los recelos ante trato xenófobo a la hora de acceder o reportar síntomas a instituciones de salud y emergencias, mantiene en alerta a las asociaciones.
“Es preocupante el porcentaje de trabajado informal, o los que están trabajando de manera formal pero sin visa y sus empleadores les han advertido que no les van a cancelar los días que no trabajen”, explicó a Efe Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC.
“Más del 60 por ciento trabaja de manera informal, sin contar con los que están en situación irregular, que no se han registrado en el censo”, resaltó Regalado.
Estima que son 470.000 los venezolanos actualmente en el país, entre los que incluye a los que no se han registrado ante las autoridades y los que han ingresado por pasos irregulares.
En últimos años han pasado por Ecuador alrededor de 1,6 millones de venezolanos, de los que unos 400.000 se habrían quedado en el país de acuerdo a los datos oficiales, y el resto seguido viaje a otros países, sobre todo Chile y Perú.
A las principales inquietudes sobres los inmigrantes que no podrán trabajar por las restricciones, ni pagar rentas o servicios básicos, se suman el que su situación económica no les dé “ni para comprar mascarillas o productos de primera necesidad”.
Y advierte que existe un importante porcentaje de venezolanos que “están en situación de calle, no tienen dónde vivir y están expuestos a todo”.
REPORTE DE CASO XENÓFOBO
En particular, su asociación ha sido informada del caso de una pareja joven de venezolanos residentes en el sur de Quito que lleva varios días presentando síntomas de una afección respiratoria y que según denuncia, “no han querido atenderlos en el (número de emergencia) 171 por ser venezolanos”.
Regalado indicó que la pareja está bajo los cuidados de unos vecinos, que están a cargo de un menor, y que ha puesto en caso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo.
Pese al llamamiento que hizo el jueves pasado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de que toda persona será atendida en el servicio de llamadas como en los centros de salud independientemente de su nacionalidad o situación legal, el presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador reportó que la realidad es distinta y que se han reportado casos de “trato xenófobo en el 171”.
“Estamos hablando de más de dos vulnerabilidades como inmigrantes”, apostilló.
Por su parte, el representante de la fundación Venezolanos en Ecuador (Funvex), Eduardo Febres Cordero, manifestó a Efe que no han sabido de casos de contagio o que se encuentren en el cerco epidemiológico entre la comunidad venezolana en el país.
Sin embargo, expresó la “preocupación generalizada” por el gran número de personas venezolanas que trabajan de manera informal en las calles, lo que abre el interrogante de “cómo serán los métodos de subsistencia ante una eventual cuarentena en el país”.
Las fundaciones y organizaciones han distribuido información al colectivo sobre cómo reforzar el sistema inmunológico o mecanismos de atención sanitaria y prevención.
RIESGO ECONÓMICO E INICIATIVAS CIVILES
Febres Cordero destacó que la principal inquietud es el acceso a alimentos y el riesgo económico, especialmente para las personas mayores, lo que está llevando a analizar posibles protocolos de asistencia, en línea con las directrices del Gobierno ecuatoriano.
Por otra parte, Funvex ha abierto un registro de médicos venezolanos en Ecuador, para que se anoten indistintamente de su condición o si han sido reconocidos por las autoridades, para poder sumar apoyos llegado el caso de una eventual emergencia sanitaria y ponerlo a disposición del Ministerio de Salud.
EFE